La toma de tierras no es un fenómeno reciente, aunque así lo parezca por arte mediático y rebote político. Los medios tratan este tema, como cualquier tema, sin contexto y sin historia. Y la respuesta política se ajusta a ese requerimiento. Lo cierto es que la toma de tierras es antiquísima.

Aquí, en La Plata, por ejemplo hay barrios enteros que se iniciaron de ese modo hace más de 20 años. El origen fue un asentamiento (o villa miseria, como quieran), pero hoy ya son barrios con casas "como la gente", con casi todos los servicios (agua de red, luminaria pública, asfalto, cloacas, etc.) y sus habitantes son trabajadores "registrados".

Son miles de personas que sólo esperan un engorroso trámite burocrático que derive en la ansiada escritura, es decir, la propiedad legal de su terreno y su vivienda, que ya nadie reclama, ni siquiera el Estado, poseedor original de la mayoría de aquellas tierras. El Estado tiene toda la información y todas las herramientas necesarias para resolver rápidamente estas angustias.

Dicen que estas tomas están impulsadas y amparadas por organizaciones políticas, algunas de ellas, incluso, integrantes de la coalición gobernante. Y no lo dicen solamente los periodistas, sino también, lo que es mucho más grave, varios funcionarios de este gobierno, que reaccionan con ideas que "pegan con el sentido común": agilizar el desalojo, quitar planes sociales a los ocupantes y otras lindezas por el estilo.

Criminalizar parece ser la única respuesta a este fenómeno social, que ocurre por necesidad y no por una patológica inclinación hacia la delincuencia de sectores empobrecidos. No hay motivación política alguna que no se apoye en aquella necesidad. Así que culpar a los organizadores viene a ser un remedio derechoso que desnuda la impotencia del Estado, gobierne quien gobierne, para resolver (o intentarlo, al menos) este estado de necesidad social.

"Donde existe una necesidad, nace un derecho" es una concepción ideológica tan vieja como vigente, que, sin embargo, no parece imponerse a la ideología dominante: "donde existe una necesidad, nace un negocio". No hay plan de crédito hipotecario, ni público ni privado, que pueda contener esta necesidad de la población más empobrecida, por lo que el Estado no puede sólo proponer esta instancia, por más beneficios que otorgue.

El Estado tiene toda la información y todas las herramientas necesarias también para impulsar un plan integral que comience a resolver esta situación crítica. Tiene, por ejemplo, la información sobre todas las viviendas ociosas y cuántas y cuáles de ellas se encuentran en esa condición por estar en alquiler, por estar en venta, por estar en sucesión o por estar inhabitables.

Por lo tanto, también sabe el Estado cuántas y cuáles están ociosas, habitables y libres de aquellas condiciones. Hay en todo el país unas dos millones de viviendas ociosas en total, de las cuales se puede calcular en la mitad las que pueden ponerse a disposición de los "sin techo". No estaría mal para empezar, pero en lo único que se piensa es en "incentivar" a sus propietarios para que las ingresen al "mercado".

La expropiación por utilidad social (indemnización mediante, como marca la ley) o el acuerdo con sus propietarios para que las pongan a disposición del Estado (alquiler compulsivo mediante, por ejemplo), no encajan en la agenda oficial, porque nos convertiríamos en Valenzuela o porque estaríamos pasando por encima de la propiedad privada.

Pero estas son sólo excusas. Como ya dije antes, el Estado tiene todas las herramientas necesarias para ordenar jurídicamente todo esto y comenzar a resolver no sólo una necesidad social, sino también una mentalidad política que la utiliza para sus propios fines, a través del padecimiento de los "tomadores de tierras".

Ellos sólo quieren una vivienda que los abrigue...

 (*)  Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 17/09/2020

Periodista, ex docente de la UNLP. Referente de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA): https://www.facebook.com/COMPALaPlata/