El caso reciente de espionaje ilegal vinculados al anterior gobierno, pone una vez más en el tapete a los servicios de inteligencia.  En nuestro país, la historia de los mismos nos demuestra que han sido más útiles para cualquier otra cosa, que en realidad para el objetivo por el  que fueron creados. La función principal de la inteligencia nacional de acuerdo a lo señalado por la propia normativa, consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. Lejos de dichos objetivos, desde su creación en el año 1946, la secretaria de inteligencia al igual que el sistema de inteligencia nacional en su conjunto, en numerosas ocasiones a través del espionaje ilícito, se ha dedicado a lograr el condicionamiento de jueces, funcionarios y dirigentes políticos y sociales entre otros tantos.

El convencimiento que la seguridad es garantía de libertad y democracia, pero que sin libertad y sin democracia no puede existir seguridad, constituye uno de los principios ideológicos de la sociedad occidental, sobre los que se levantaron sus estructuras jurídicas, económicas y políticas. Dada la importancia de lo mencionado, se concluye entonces que es absolutamente necesario e imprescindible que los estados nacionales posean un servicio nacional de inteligencia direccionado únicamente a la seguridad y la defensa exterior e interior del País.

En la teoría del estado  hay un consenso dominante que define a la República como el gobierno de la ley.  Siguiendo dicha definición, observamos que en nuestro país en lo referente a la inteligencia, la responsabilidad por el fallo en su funcionamiento se le puede atribuir no solo al poder ejecutivo, - quien tiene por cierto la mayor responsabilidad- sino en verdad a los tres poderes del Estado. En consecuencia, podríamos afirmar entonces que la responsabilidad recae no solo sobre el Estado, sino sobre la Re pública misma. Porque me atrevo a aseverar esto?, veamos. La ley de inteligencia nacional sancionada en el año 2001 como una respuesta de la política al escándalo de la conocida Ley Banelco, creo el Sistema de Inteligencia Nacional. En dicha norma, se creo la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) como órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente. Este acontecimiento genero a mi entender, un grave problema institucional, dado que a partir de ese momento, los agentes de inteligencia emprendieron labores que en teoría habrían de estar ajustadas a ley. Precisamente ahí está el grave problema; un agente de inteligencia no tiene demasiado apego a la ley, dado que en su accionar en ocasiones para lograr su objetivo, opera al margen de la misma. Cual fue la consecuencia?. Que el poder judicial por el accionar de los espías, se convirtiese en ocasiones  en el facilitador no solo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia, sino que se vulneren los derechos esenciales de las personas en democracia. 

El caso de la AMIA y el reciente caso D'Alessio son claros exponentes de la entramada dependencia entre justicia y servicios de inteligencia. Es necesario destacar en este sentido, que la actual interventora de la AFI a través de una resolución administrativa, redujo notablemente el accionar de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia; ojala esto sea el principio de un cambio en dicho sentido.

Continuando con el análisis de la mencionada ley, observamos que en dicha norma se creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Taxativamente en su Artículo 32, la ley nos dice que "Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, quien fiscalizara que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.  

Desde su creación, con independencia de la fuerza política que logró la presidencia de dicha comisión, hubo una serie de acontecimientos que dejaron al descubierto la falencia de la comisión bicameral a la hora del control. Como ejemplos podemos señalar: El Proyecto X que le costase el puesto al jefe de la gendarmería nacional. El accionar de la misma fuerza de seguridad en el caso Santiago Maldonado, a través del jefe del escuadrón 35. El espionaje ilegal llevado a cabo por el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy y por el que recibiese una condena judicial, en relación a tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, militantes de derechos humanos, periodistas y políticos.  Estos casos, exponen el fracaso de la comisión en lo concerniente a la fiscalización del funcionamiento de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional.

Por último y en referencia al poder ejecutivo, podemos decir que desde el retorno de la democracia, hay sobradas muestras del mal uso de los servicios de inteligencia para realizar tareas de espionaje ilegal, en cuyo caso el único objetivo era lograr obtener información que pudiese ser utilizada para condicionar o neutralizar a jueces, políticos y dirigentes sociales. En el año 2004, el entonces ministro  Gustavo Beliz, mostraba en un canal de televisión la foto de Jaime Stiusso, un espía al que los anteriores gobiernos incluidos la última dictadura militar y el de ese entonces, utilizaban como de "consulta". Incluso el ex fiscal Alberto Nisman tomaba muy en cuenta los "consejos" brindados por el mismo, en relación con la causa AMIA. Este espía lejos de concluir con su trabajo, continúo cumpliéndolo hasta el año 2014.  Este ejemplo demuestra que el problema trasciende a un presidente en particular. El último caso de espionaje ilegal que lo tiene como principal actor al gobierno de Mauricio Macri  nos muestra  que más allá del nombre propio - llámese en este caso Alan Ruiz-, la metodología empleada por los poderes ejecutivos en relación con el espionaje ilegal sigue indemne.

El problema es sumamente complejo, dado que como hemos dicho, cruza a los tres poderes del Estado. La solución no es para nada sencilla y requiere de una férrea labor destinada a encontrar la solución a un dilema de carácter estructural. Probablemente, un compromiso de la política semejante al que en su momento libro para frenar definitivamente las asonadas militares en nuestro país, pueda encontrar la solución al problema. Si anhelamos tener un mejor estado y esencialmente una mejor república, el problema de los servicios de inteligencia debe ser abordado con la rigurosidad que se merece. Si ello no ocurre, solo será una cuestión de tiempo transcurrido, hasta que surja otro escándalo que tenga a los servicios de inteligencia como lamentables protagonistas.