En los últimos días, los grandes medios de comunicación y su réplica en redes sociales han instalado con éxito en la opinión pública un tema que agita los miedos en esta época de pandemia. La supuesta "liberación masiva de presos" ha dado lugar a un cacerolazo, diversas manifestaciones fascistas en redes y un legítimo temor en parte de la comunidad que en aislamiento social obligatorio es víctima de la "infodemia", un exceso de información sesgada, exagerada y producida a sólo fin de alterar el estado de ánimo de las personas.

 

Maliciosamente quiso vincularse esta supuesta política de "liberación masiva de presos" con la posibilidad de que femicidas, agresores sexuales y otros violentos imputados o condenados por delitos vinculados a la violencia por razones de género, pudieran recuperar su libertad. Se habló de esto durante horas en los alertas televisivos, se volcaron ríos de tinta en las páginas de los diarios, se elaboraron varios informes en programas de opinión y, finalmente, se instaló un hashtag en twitter que rezaba #dondeestanlasfeministas?.

Frente a esta pregunta corresponde al feminismo popular ir elaborando algunas respuestas que probablemente no subsanen todas las contradicciones que nos presenta el sistema judicial, el derecho penal y su respuesta única para todos los temas: la prisión.

Creo que para esto es importante partir de un diagnóstico, hace siglos que la humanidad confía en la cárcel como única respuesta posible para aquellas personas que cometen delitos y hace siglos que sabemos que la cárcel no sirve para nada: ni garantiza la seguridad de lxs ciudadanxs que están afuera, ni "resocializa", ni genera ningún tipo de reparación a las víctimas de delitos o sus familias. Esta certeza, además, nos enfrenta con otra realidad: no todas las personas que cometen delitos terminan en la cárcel. Es sabido que el sistema penal es selectivo, es decir que sólo terminarán condenadas y presas aquellas personas que no tengan medios económicos o privilegios sociales con los que defenderse: lxs pobres y lxs perseguidxs políticxs.

Además, en nuestro país, este diagnóstico se agrava cuando le sumamos que la mayoría de los presos no tienen condena firme y están cumpliendo pena en forma cautelar, es decir, por las dudas de que sean culpables, vulnerando el principio de inocencia garantizado por la Constitución Nacional, y en condiciones de hacinamiento que resultan inhumanas y que se han agravado con las nefastas (y fascistas) políticas criminales fomentadas por el gobierno anterior tanto a nivel federal como en la Provincia de Buenos Aires, llevando a un aumento de la prisionización por infracciones menores a la ley de estupefacientes en una persecución estigmatizante de los sectores populares, así cientos de pibas, pibes, travestis y trans de la provincia terminaron llenando las cárceles solo para poder justificar el marketing electoral de la gobernadora saliente.

En esta situación nos encontró el Covid19, la estrategia de aislamiento social obligatorio frente a la emergencia sanitaria con el fin de "aplanar la curva" y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó a los países a preocuparse especialmente por la situación de las cárceles frente a la pandemia. Es sabido que el contacto físico es la forma de contagio y que éste resulta inevitable en situaciones de hacinamiento, por lo tanto, el ingreso del virus a las prisiones de la provincia redundaría en un contagio masivo que colapsaría las posibilidades de atención médica.Si el coronavirus ingresara a los penales estaríamos frente a una condena a muerte a parte de la población carcelaria, a menos que nos demos una estrategia para resolver el hacinamiento. Recordemos que nuestro país no concibe a la muerte como una pena posible, entonces es necesario garantizar la vida y la salud de las personas privadas de su libertad. Esto que resulta tan obvio puede irritar los sentidos comunes más instalados en la sociedad, sobre todo si se fomentan discursos del odio desde la prensa.

En este contexto, y a mi juicio responsablemente, los tribunales de casación han determinado la necesidad de aliviar la situación carcelaria disponiendo que los juzgados de ejecución pudieran otorgar medidas de morigeración en casos de personas privadas de su libertad que estuvieran en grupos de riesgo y no estuvieran condenadas por delitos graves, tales como femicidios y demás delitos vinculados a las violencias por razones de género. También parece una obviedad aclarar que una prisión domiciliaria sigue siendo una medida de arresto y no una medida de libertad.

Frente a este panorama quienes nos sentimos interpeladas por las corrientes populares dentro del feminismo debemos tomar una clara posición, necesitamos que los delitos cometidos en contexto de violencia de género sean priorizados en la agenda mediática y judicial no ahora, por razones de oportunismo, sino siempre y que se los comprenda como el emergente de una situación de desigualdad histórica y estructural que arranca en las inequidades económicas de las que somos víctimas las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ desde el inicio de los tiempos.

Nosotras sabemos que los sectores concentrados de la economía, dueños de los medios de comunicación, son los últimos interesados en resolver ésta situación, dado que son quienes se apropian de la renta que producimos las mujeres haciendo los trabajos de cuidados que hoy todxs estamos viendo cuán esenciales son. Esta renta se calcula en un total de más de 4 billones de pesos, que de distribuirse, resolvería el acceso a bienes y servicios de una enorme cantidad de mujeres que hoy deben soportar la convivencia con un violento porque no podrían valerse económicamente de otra forma.

También sabemos que el sistema judicial y la cárcel son reacios a brindar un servicio de justicia acorde a los principios de los derechos humanos y con perspectiva de género, por eso es posible que ciertos jueces machistas vulneren los derechos de las mujeres al otorgar medidas de arresto domiciliario sin tener en consideración las particulares necesidades de las víctimas, esto no nos amilana en comprender que el estado de las cárceles y la vulneración de derechos que allí se da no solo impacta sobre la población de los penales sino también sobre sus familiares cercanos. Somos mayormente las mujeres las que debemos alterar toda nuestra vida para cuidar (siempre cuidar) del familiar preso, viajando horas, llevando comida y medicamentos que el estado falla en proveer.

El feminismo que nos moviliza se encuentra en la intersección, atravesado por la contradicción, no tiene muchas veces todas las respuestas e incluso a veces falla en hacerse las preguntas correctas, pero de lo que debemos estar seguras es que el espíritu militante tiene que encontrar en este coyuntura una oportunidad para exigir al Poder Judicial que se adecue a los tiempos y se comprometa en sancionar a los jueces que aún hoy se niegan a fallar con perspectiva de género, a los medios que no usen el nombre del feminismo para agitar fantasmas de ocasión y a lxs empresarixs que se comprometan con el destino de la Patria y hagan el aporte extraordinario para poder enfrentar la pandemia y mejorar las inequidades estructurales de las que somos las primeras víctimas las mujeres y la población LGBTIQ+.

A las compañeras feministas, cuidemos a nuestro gobierno popular que no sólo nos ha dado ministerios sino que nos da la fuerza necesaria para que nuestros reclamos se conviertan en políticas públicas, se avance en la universalización del salario social y se reconozcan los trabajos de cuidado como esenciales para una comunidad que pone primero a la vida. No caigamos en el discurso punitivista, nuestra lucha es la lucha por los derechos humanos, cuando el derecho penal llega, cuando la cárcel es el único remedio, es porque la organización social ha fallado y se ha decidido por el descarte y, bien sabemos, el descarte siempre nos llega primero a nosotras.

(*) Subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Feminista. Militante de La Cámpora.

Nota de opinión publica publicada en la página web de La Cámpora el 1° de Mayo 2020.