Las consecuencias económicas, políticas y sociales del último golpe cívico-militar que vivió nuestro país, del que hoy se cumplen 44 años, siguen formando parte de la realidad cotidiana argentina.

Los 30 mil que hoy homenajeamos fueron desaparecidos para imponer a sangre y fuego un modelo de exclusión y hambre; la dictadura fue un brazo ejecutor del plan continental de concentración del capital, a costa de la expoliación de los recursos de nuestros países. La deuda que tenemos en términos de construcción de mayores parámetros de justicia y equidad aún es grande.

A esto hay que agregar que, durante los últimos cuatro años, las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno macrista no hicieron más que sostener y profundizar esas consecuencias. En la imposición de políticas que endeudaron al país a niveles de récord histórico, que barrieron con las garantías constitucionales y con la plena vigencia del Estado de derecho y que sometieron a las grandes mayorías al desempleo, el hambre y la represión, encontramos la matriz ideológica que ha sustentado los tiempos más oscuros de nuestra historia. La misma que permitió que durante cuatro años se menospreciara a los Organismos y se violaran los derechos humanos.

Por un lado, se hace necesario redoblar los esfuerzos para avanzar definitivamente en la obtención de justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. Ese camino fue iniciado, prácticamente en soledad, por los familiares y víctimas en los inicios de la recuperación democrática, luego la transformación de esos reclamos en políticas de Estado permitió no sólo el aceleramiento de las causas, sino que selló, a la vez, el acompañamiento y el consenso social. En este 2020 que estamos transitando, debemos tomar conciencia, de manera imprescindible, de que los tiempos se agotan. Hoy, en muchos casos, las víctimas mueren sin justicia y los victimarios mueren impunes. Sumar frecuencias semanales en los juicios, establecer mecanismos que permitan avanzar sobre juzgamientos que no se hayan realizado y terminar con las dilaciones procesales son medidas que el Poder Judicial debe tomar lo más rápido posible.

Investigar y juzgar las complicidades civiles que avalaron el genocidio también es urgente. No solamente porque se trata de una deuda de términos del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, sino porque es una pieza fundamental para la construcción de un nuevo sentido social que impida el sometimiento de los argentinos y argentinas a un nuevo ciclo neoliberal. Debemos lograr que nuestra sociedad diga fuerte "Neoliberalismo, Nunca más!".

Otra situación que requiere de nuestra intervención inmediata es la de la violencia institucional y debemos abordarla por dos caminos simultáneos: por un lado, la formación de las fuerzas de seguridad en derechos humanos y por el otro, una activa campaña que ponga a disposición de los sectores más victimizados por estos abusos o maltratos todas las herramientas con que el Estado puede asistirlos.

En ese marco prestamos especial atención a los casos de detenciones arbitrarias y persecución a opositores políticos. El neoliberalismo ha utilizado la herramienta del lawfare, dando lugar a una versión aggiornada de la acción regional desplegada en los años 70 en nuestro continente, conocida como Plan Cóndor. Los mismos sectores que décadas atrás eran socios y beneficiarios de la dictadura, hoy son los que buscan asegurar la aplicación del modelo de inequidad y exclusión que les garantice la perpetuidad de sus privilegios de clase. La acción coordinada de sectores de la justicia y la política, junto con los medios de comunicación y servicios de inteligencia, debe ser desmontada en su totalidad si queremos tener una democracia plena en nuestro país.

Es por todo esto que la Argentina se enfrenta ahora a una oportunidad única. Porque aún en tiempos de pandemia, tenemos el ejemplo de nuestras Madres y Abuelas que, a pesar de las dificultades y los dolores, siempre miran y accionan hacia el futuro. El Presidente, en su mensaje al Congreso, planteó sin lugar a dudas que los derechos humanos volvieron a ser columna vertebral de la acción de gobierno. Ese es al mismo tiempo nuestro desafío y nuestro objetivo. Volver a ser ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos para poner a la Argentina de pie.

(*) Secretario de derechos Humanos de la Nación.

Nota publicada por Agencia Télam el 20 de marzo de 2020