El debate público por los presos políticos -o por los detenidos arbitrariamente- ha ganado a toda la organización política gobernante, a todos sus militantes, a todos sus adherentes, ocupen el lugar que ocupen. Ni el Jefe de Gabinete, primero, ni el Presidente, después, lograron cerrarlo. Y no está mal que no lo hayan logrado.

Mi posicionamiento personal es que deben ser liberados, sean presos políticos o detenidos arbitrariamente. Y todos los procesados sin condena deberían seguir ese camino. Por supuesto que es el Poder Judicial y no el Ejecutivo ni el Legislativo quien tiene que hacerlo. Aunque es cierto que los tres poderes políticos del Estado tienen en sus manos las herramientas jurídico-políticas necesarias. El asunto es querer usarlas.

Pero no es esa la discusión que vengo a plantear aquí. No soy especialista en derecho. Mi perspectiva es político-ideológica (caramba: la perspectiva del derecho también lo es). Lo que sí me parece, desde esta misma perspectiva, es que deberíamos reflexionar sobre el contexto de esta discusión (y de todas las discusiones posibles y probables).  

La primera tensión de cualquier debate público es que estamos colonizados por la lógica de los medios  (y su traslado automático a las redes), lo que implica el temor al rebote mediático de cada palabra que se dice, de cada acción que se tome, porque ese rebote contendrá, necesariamente, tergiversaciones, mentiras, fragmentaciones, títulos escandalosos o, simplemente, interpretaciones incompletas.

Es decir: lo que se diga o lo que se haga no nos llegará tal y como se dijo, tal y como se hizo. Y tendrá el rebote una gran influencia sobre todos nosotros. Esta lógica es hegemónica, se inclina ideológicamente hacia la derecha y no hay a la vista, por ahora, una lógica alternativa que pueda ponerla en crisis.

La segunda tensión de cualquier debate público es la ausencia de espacios internos de discusión y toma de decisiones, que puedan oficiar de dique de contención e impidan que se haga pública una discusión interna que pueda considerarse dañosa para la organización política (gobernante u opositora).

Ello ocurre porque esa ausencia tiene su fundamento (desde mi perspectiva político-ideológica, por supuesto) en lo que llamo el absolutismo de la representación: damos por supuesto que quienes son elegidos (para gestionar un partido, un frente de partidos, un Estado, una organización cualquiera) se apropian de las necesidades y expectativas de todas y de todos y tienen por misión satisfacerlas. Pero eso no ocurre nunca y está a la vista.

La cuestión del daño que podría causarle un debate público a cualquier organización política es algo que se presume desde aquella colonización, pero aún sin demostración efectiva. De acuerdo con este prejuicio, cuando una organización política cualquiera está ubicada en la oposición al gobierno, ese debate público la debilita en su objetivo de alcanzar el poder político. Y también de acuerdo con este prejuicio, ese debate público la debilita en su ejercicio de gobierno. En síntesis: no hay lugar para el debate público. Esto no sería demasiado importante, si hubiese lugar para el debate interno.

Contra aquel prejuicio, hay que decir que la experiencia democrática es creación de un espacio de visibilidad para el conflicto, para su deliberación y para su contención o superación. La representación es posterior: se delega la gestión de ese resultado.

Estamos ante la eterna tensión entre el orden y la igualdad. El orden que domina nuestro sentido común no supone igualdad porque es un orden uniformado, jerárquico, creado por unos pocos. La igualdad, en cambio, supone un orden democrático, un orden distinto al que conocemos, que será su creación colectiva.

Mientras tanto, nuestros reverendísimos magistrados siguen sumergidos en sus frascos de formol. Recuerdo que hace algunos años, un tal Néstor (que tenía como jefe de gabinete a un tal Alberto) pidió la renuncia de los jueces de la Corte por cadena nacional y a nadie se le ocurrió decir que eso era anti republicano ni anti democrático, sino todo lo contrario.

Quizás no haya que pedirle tanto al Presidente, porque eran otros tiempos aquellos. Quizás tan sólo tenga que considerar que puede ir a visitar a quienes están, para él, detenidos arbitrariamente, sin la necesidad de hacer ninguna declaración pública. La visita es el mensaje…

 (*)  Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 11/02/2020