Beneficiarios de la tarjeta alimentaria son consumidores y ciudadanos. No son indigentes y hambrientos. Esos son padecimientos. Y no los despojan de su condición humana y política. 

Ellos deben saber que su tarjeta es tan válida como cualquier otra, que deben ejercer sus derechos ante cualquier trampa en la compra de alimentos y acudir, en tal caso, a la defensa del consumidor de su municipio o a cualquier organización que se ocupe del tema. 

No parece tan obvio todo esto a la luz de la información pública: la entrega de tarjetas alimentarias no está acompañada de la información y la orientación sobre estas obviedades. Pero no sólo para sus beneficiarios. 

Los comerciantes que venden sus productos deberían también ser objeto de esta campaña de "alfabetización democrática", para que no establezcan ninguna discriminación ante la presentación de una tarjeta que pueda distinguirse de las otras. 

Porque esa conducta es puramente ideológica: el dinero de esas tarjetas alimentarias tiene el mismo valor que el de una tarjeta de millonario. Vale también para las tarjetas de la asignación universal por hijo. La única diferencia es que de esta última tarjeta se puede extraer dinero de un cajero automático, que no discrimina, e ir a comprar con dinero en mano.

En el mismo sentido es preciso facilitar la inclusión de los indocumentados, que son muchísimos y no importa por qué. Ellos no están en ninguna base de datos (la mágica herramienta de nuestros funcionarios) y, por lo tanto, no pueden acceder a ningún auxilio del Estado.

Los que más padecen esta condición son los inmigrantes, porque el trámite para acceder a la documentación tiene para ellos un altísimo costo del que no pueden hacerse cargo. La gran mayoría hace años que están radicados en Argentina y tienen hijos argentinos.

Ellos cumplen con todos los requisitos para obtener su documentación, incluso el de ser explotados por sus empleadores, argentinos o extranjeros. Pero les falta un requisito: dinero. Son discriminados. Y no sólo por "argentinos de pura cepa". También por el Estado.

Si es cierto que pretendemos construir un sentido común alternativo y trabajar para que prevalezca (eso que algunos llaman batalla cultural), nuestra primera tarea militante es reconocer al otro como persona, primero, y como ciudadano, después, para que ese otro sienta ese cambio de conducta y dejen de sentirse miserables objetos de compasión y caridad. 

No se trata sólo de asistencialismo. Se trata de ciudadanía plena. De otro modo estamos reproduciendo la lógica del sentido común, que es también (cualquiera sea su contenido social) reproducir el sentido común, en tanto herramienta de dominación ideológica.