Luego de enviar a la Legislatura, semanas atrás, los proyectos que proponen crear un cuerpo de investigadores civiles y para implementar la Policía de Prevención Municipal, el gobierno bonaerense avanzará en los próximos días en la redacción de otra iniciativa que implica una profunda reforma dentro del sistema judicial. Se trata de la división de la estructura orgánica de la Procuración General de la Suprema Corte, un movimiento que apunta a dotar de autonomía administrativa al cuerpo de defensores oficiales.

Según confirmaron fuentes del ministerio de Justicia y Seguridad, a lo largo de esta semana se convocará a una mesa de trabajo con legisladores, organismos de Derechos Humanos y representantes del Poder Judicial para comenzar a definir los lineamientos principales de la ley.

Anunciado por el gobernador Daniel Scioli en diciembre pasado en el discurso de asunción de su segundo mandato, el proyecto se complementará además con otra reforma sustancial que impulsará el Ejecutivo para que se debata en la Legislatura, la puesta en marcha del mecanismo de Juicio por Jurados.

"En una República, la ley es el refugio del más débil. Seguiremos dando todo para hacerla cumplir. Por ello buscaremos alcanzar la autonomía de la Defensa Oficial", explicó Scioli meses atrás al anunciar la decisión de impulsar esta reforma.

La reforma también cuenta con el visto bueno del vicegobernador Gabriel Mariotto, quien días atrás, en declaraciones periodísticas, destacó la necesidad de avanzar con la autonomía de la defensa junto a los proyectos de Policía Judicial y Policía Municipal.

Esta semana, representantes de la Comisión por la Memoria se reunirán con Mariotto para pedirle que convoque a una audiencia pública de debate sobre política judicial y reafirmarán la necesidad de que se avance con la iniciativa.

El proyecto que por estas horas se estudia en el ministerio de Justicia y Seguridad implica una reforma de fondo en la estructura del Ministerio Público, que actualmente agrupa al cuerpo de fiscales y al cuerpo de defensores oficiales, conducido por la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo. Según entienden los impulsores del proyecto, esa convivencia "contradice la necesaria separación institucional que debe existir entre dos partes de un proceso penal que defienden intereses contrapuestos".

"Desde el año 1998 se ha implementado en la Provincia un proceso penal acusatorio, donde la acusación y la defensa son los principales actores. En ese marco, la idea es contar con un cuerpo de defensores eficaz y eficiente, y para eso es esencial contar con una institución que no dependa de la misma estructura administrativa, como sucede hoy en el ámbito de la Procuración", destacaron desde la cartera que conduce Ricardo Casal.

Desde el Ejecutivo señalan además que se trata de una reforma que "va en línea" con la legislación moderna e, incluso, con la postura adoptada por la Organización de Naciones Unidas que fomenta la autonomía de los cuerpos de defensores oficiales. "Es el modelo que ya se aplicó en Santa Fe, La Pampa, Chubut otras provincias", agregan.

La reforma que propondrá el Ejecutivo apunta a implementar en la Provincia un modelo que ya se aplica en Santa Fe, La Pampa y Chubut, donde los cuerpos de defensores cuentan con autonomía.

Junto con el proyecto para dotar de autonomía al cuerpo de defensores oficiales, el gobierno provincial enviará a la Legislatura otra gran reforma en materia judicial, la puesta en marcha del mecanismo de Juicio por Jurados.

Por estos días, en el ministerio de Justicia y Seguridad se avanza en la redacción de la iniciativa para la implementación de ese sistema, previsto en la reforma de la Constitución bonaerense de 1994 pero nunca concretado.

Aunque los detalles del proyecto todavía son materia de debate y discusión, funcionarios de esa cartera explicaron que la intención es que el mecanismo sea utilizado en procesos en los que se juzguen "delitos graves, complejos, donde todavía en un sector de la población puede haber sospechas sobre la actuación del Poder Judicial".

En diciembre pasado, al asumir su segundo mandato, el gobernador Daniel Scioli anunció ante la Asamblea Legislativa que su gobierno iba a proponer "la participación ciudadana en la administración de justicia, buscando concretar en la Provincia el viejo mandato constitucional del juicio por jurados".

FE