06-12-2019
"Inclusión: política para una legitimidad democrática"
Por Carlos A. Sortino (*) @CarlosASortino

La ideología no es otra cosa que una manera de concebir la realidad y actuar en ella, así, lisa y llanamente, sin contorsiones literarias. Aunque, tal vez, sin conciencia plena de ello. Porque nuestra concepción de la realidad es estructurada por los otros que fueron y también es estructurante de los otros que vienen. Pero no pensemos en una estructuración cerrada, en un mandato a cumplir obedientemente. Pensemos, más bien, en un "sentido común" que se proyecta desde los centros de poder y contamina a toda la población, pero sólo surte efecto en una gran parte de ella, la suficiente para establecer una cultura dominante y sostenible en el tiempo.

Así es que no podemos concebirnos como personas meramente instintivas, con nuestra propia sobrevivencia como único objetivo, tal como podríamos concluir luego del resultado electoral reciente. Esa es tan sólo una cara de la moneda. Las personas somos seres fundamentalmente ideológicos, como quedó demostrado en las elecciones de 2015, mostrándonos la otra cara de la moneda. Claro que una u otra cara aparecen como emergentes del contexto socio-económico dominante: emerge el ser ideológico cuando las necesidades primarias están más o menos resueltas, pero cuando estas nos acosan, aparece el instinto. 

En este contexto, la recuperación y el fortalecimiento de la legitimidad democrática de cualquier gobierno (por ejemplo, el próximo, en cualquiera de sus niveles, o en los tres: nacional, provincial, municipal) guardan una estrecha vinculación con la implementación de políticas públicas ágiles, rápidas y concretas, que impacten de manera satisfactoria sobre las necesidades y expectativas de la población. Eso significa, fundamentalmente, el concepto de representación. 

Pero aun cuando ello ocurra, la representación no alcanza, porque no puede, por definición, ser absoluta (1). Y si lo fuera, no sería democrática. La representación puede albergar contenidos democráticos, que hasta pueden ser dominantes, pero también puede albergar contenidos oligárquicos y autoritarios, que hasta pueden ser, igualmente, dominantes (2). En cualquier caso, esa orientación depende de la organización política que acceda al gobierno del Estado. 

Las políticas participadas amplían y robustecen en la práctica social la legitimidad democrática, dado que impulsan y materializan la intervención popular en la conformación de las políticas públicas, logrando que el pueblo no sólo reconozca a su gobierno, sino que se sienta parte activa de él. Esto es lo que llamamos perspectiva de inclusión política. 

Su sentido práctico es pretender un Estado que reconozca y pretenda superar su hoy escasa credibilidad en tanto foco de identidad colectiva y que, por reconocerla y para superarla, promueva una deliberación pública que indague y resuelva para qué tipo de sociedad se pretende que sea apto ese Estado, a través de cada una de sus políticas públicas, en un continuo proceso instituyente. 

Esta deliberación pública no puede ser anterior a una gestión de gobierno que identifique y revierta la hoy reducida eficacia de su conjunto de burocracias y la limitada efectividad de su sistema legal: debe ser simultánea, porque de otro modo estaríamos nuevamente postergando las necesidades y expectativas de la población, lo que redundaría en la inviabilidad de aquella deliberación, con lo que sólo estaríamos reproduciendo el Estado que pretendemos transformar. 

Cuando hablamos de conjunto de burocracias, estamos hablando de las distintas áreas en que se organiza un gobierno para el abordaje de las complejas relaciones sociales del territorio (ambiente, salud, educación, etc.) y cuando hablamos de sistema legal estamos hablando del orden jurídico-político que se intenta establecer para el desarrollo, más o menos pacífico, más o menos conflictivo, de aquellas complejas relaciones sociales. 

Su punto de articulación es aquel foco de identidad colectiva, es decir, un Estado que sea reconocido como propio por el conjunto de la población, porque ese reconocimiento es el que permite, a pueblo y gobierno, identificar democráticamente sus debilidades y fortalezas, con la finalidad de promover acciones tendientes a la superación de las primeras y la profundización de las últimas.

 

Todo esto no puede ocurrir sin organizar y desarrollar, en forma simultánea, una Política Cultural para el abordaje y la puesta en crisis de nuestra Cultura Política, una Política Cultural que sea capaz de contradecir el "sentido común" hegemónico y contener los conflictos que ello trae aparejado, hasta lograr su reemplazo por un nuevo "sentido común".

 

Ello significa poner en juego la progresiva superación del individualismo, la fragmentación social y la desafección colectiva por la cosa pública, hoy dominantes en la sociedad, lo que, a su vez, podrá orientar una trayectoria de reducción considerable de los márgenes de discrecionalidad política y económica de las autoridades formalmente constituidas y de quienes pretendan serlo.

 

Notas

 

(1) Ver "Una lectura de la historia": http://www.cadenaba.com.ar/nota.php?Id=44675

 

(2) Ver "El poder oligárquico": http://www.cadenaba.com.ar/nota.php?Id=45386

 

(*) Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 30/11/2019

Periodista, ex docente de la UNLP. Referente de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA): https://www.facebook.com/COMPALaPlata/