Luego de haber desestimado planteos de las defensas de los directivos de la empresa Correo Argentino SA -ligada a la familia del presidente Mauricio Macri- el juez federal Ariel Lijo comienza ahora a evaluar el dictado de una serie de procesamientos que podrían salpicar al Gobierno en el marco de la causa penal que no logró ser anulada por una millonaria deuda.

La decisión sobre la situación procesal de los implicados, cuyo "timming" no está en manos de la Casa Rosada, inquietó a los operadores judiciales del oficialismo por su eventual incidencia en la campaña electoral y por ser uno de los expedientes judiciales que más tienen para crecer dentro de Comodoro Py. A la vez, el magistrado intenta decodificar si el Ejecutivo lo ha puesto en la mira de los "indeseables" y calibra una resolución en el caso que viene macerándose sin prisa en los tribunales.

Hasta ahora, los Macri por un lado y el Gobierno por el otro, sólo han cosechado fracasos tanto en el expediente comercial, donde fue ratificada en todas las instancias (incluso la Corte Suprema) la participación de la fiscal de Cámara Gabriel Boquín, como ahora en la causa penal que investiga si existieron irregularidades en la firma de un acuerdo que implicaba una quita en el monto de la deuda por el canon de explotación y que fue denunciada por la propia Boquín.

Desechadas las nulidades, adquirieron validez las indagatorias culminadas en marzo pasado que alcanzan a los directivos de la residual Correo Argentino S.A. como al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, como máximo responsable político de lo que se sospecha fue un acuerdo ruinoso que iba a perjudicar al Estado y que debió dar marcha atrás ante el escándalo que generó. Lijo deberá establecer hasta donde (y sobre todo cuándo) hace llegar los procesamientos.

Así, el presidente y abogado de la compañía de los Macri, Jaime Cibils Robirosa, y Jaime Leonardo Kleidermacher no pudieron lograr la anulación de la causa penal donde se investiga también al funcionario Juan Manuel Mocoroa y al propio Aguad.

Todos ellos quedaron al alcance de un eventual procesamiento en la causa para la cual el Gobierno nunca mostró reflejos ni músculo para justificar por qué pegaba un volantazo cuando la empresa familiar era denunciada por maniobras ilegales dentro de un expediente concursal. Lijo declaró "improcedentes" sus planteos que giraban en torno de que el fiscal Gerardo Pollicita había basado su imputación en el dictamen de su par comercial Boquín en el expediente concursal, y que tenía una "finalidad política".

Aguad, cuando compareció en marzo, había argumentado que no hubo perjuicio al Estado porque el acuerdo no se efectivizó y agregó que la proyección de los $70 mil millones que había calculado la fiscal para el perjuicio a las arcas públicas había sido arbitrario desde el punto de vista aritmético.

Lijo, en otro escrito, rechazó el argumento sobre la "inexistencia de delito". "La continuación del proceso resulta ineludible", afirmó el juez.

Lijo ratificó que pudo haber existido un accionar irregular por parte los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos. Pollicita fue inusualmente duro con el argumento de la defensa de que la quita había sido del 44% y no del 98% como denunció Boquín.

"Los números introducidos por la defensa en su presentación surgen de actualizar el valor del crédito verificado al día del acuerdo y están absolutamente desconectados de las ´condiciones´ del concordato, en la medida que no contemplan el diferimiento del pago que debía soportar el Estado Nacional, pues la cancelación de la deuda se hubiese completado recién en 2033, es decir, diecisiete años después de cerrado el acuerdo cuestionado, con el agregado de que el 80 % del capital se pagaría en los últimos años". Estas son las palabras que podría hacer suyas Lijo. (ámbito)