La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el perito oficial designado en el juicio oral que ventila el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, por sostener que tiene "enemistad manifiesta" contra ella.

Carlos Beraldi, abogado de la senadora y precandidata a vicepresidenta, presentó un escrito solicitando el apartamiento del perito Eloy Pablo Bona, de quien dijo que "carece de la condición de imparcialidad" para desempeñarse en el proceso. El letrado acompañó la acusación con una serie de tuits contra CFK y otros acusados en la causa a los que el profesional les había dado "Me Gusta".

"Bona carece de la condición de imparcialidad exigida por la ley y su actuación genera un temor objetivo de parcialidad que satisface claramente los estándares que ha fijado la Corte Suprema en distintos precedentes", indicó el abogado defensor para justificar su pedido.

En su cuenta de Twitter, en tanto, la ex presidenta escribió que "les voy a mostrar algunos de los tuits a los que el perito Bona les puso "me gusta". ¿Ustedes opinan que este señor es un perito imparcial?".

En el escrito, Beraldi relaciona al perito con la cuenta de Twitter @eloybona, en la que "aparecen una enorme cantidad de opiniones con las que su titular manifiesta su expreso agrado". En ellas, dice, "se observan múltiples afirmaciones críticas que ponen al descubierto una situación de odio y animadversión hacia varias de las personas imputadas en este proceso (Julio de Vido, Lázaro Báez y fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner), a quienes se hace responsable por hechos de corrupción sobre cuya existencia no pareciera haber duda alguna".

"También se compartieron tuits en los que se llegó al grotesco de asignarle a la ex presidenta de la Nación responsabilidad en la muerte de distintas personas y se agravia a los miembros de su familia (su hija Florencia y su nieto Iván), entre otras consideraciones peyorativas", señala el escrito.

Beraldi sostuvo que esas manifestaciones "no constituyen una mera discrepancia política que podría tener el perito recusado con los gobiernos" de Néstor y Cristina Kirchner, sino que "lo que resulta fundamental es que en este proceso actué un perito oficial que garantice el deber de imparcialidad y no tenga ningún tipo de preconcepto sobre los hechos que son sometidos a su conocimiento".

El abogado de CFK sostuvo que "desde el comienzo de las actuaciones he venido denunciando gravísimas irregularidades que vulneraron de manera directa e inmediata todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal".

En ese marco, señaló la designación como fiscal en la causa a Juan Ignacio Mahiques, "hijo del ex ministro de Justicia del Gobierno de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques".

También sostuvo que el juez Julián Ercolini "rechazó todas las medidas de prueba requeridas por las defensas, tomando intervención en el caso pese a que, sólo tres años antes, se había declarado incompetente para investigar estos mismos episodios".

También se quejó de que, ante el pedido de peritar toda la obra pública cuestionada, el tribunal "limitó esta prueba a sólo cinco casos, tomando como criterio para su elección aquellos procesos licitatorios sobre los cuales la acusación realizó estimaciones numéricas de irregularidades al momento de formalizar su requerimiento de elevación a juicio y las obras viales de mayor envergadura presupuestaria". (DIB)