A partir de este año, las empresas podrán donar a las campañas electorales -algo que hasta ahora solo tenían permitido para actividades ordinarias de los partidos- y todos los aportes serán bancarizados. Son los dos principales ejes del proyecto de ley de financiamiento político que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados, con 148 votos afirmativos y 69 negativos.

La iniciativa, que comenzará a regir en este turno electoral, fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ se opuso fervientemente y defendió que el financiamiento político sea "100% estatal". También hubo rechazo de la izquierda y del espacio Red por Argentina, que lidera Felipe Solá.

A la hora de la votación en particular, se produjo una fisura en el interbloque Cambiemos: la Coalición Cívica, en función de su posición histórica sobre el tema, rechazó el artículo 4 del proyecto, el cual habilita los aportes privados. Ese artículo recibió 135 votos a favor y 81 en contra.

El proyecto sancionado, que fue objeto de intensas negociaciones en el Senado, fue promovido por el Gobierno a raíz de la causa judicial de los "cuadernos de la corrupción", donde se investiga una red de financiamiento ilegal que involucra a ex funcionarios y empresarios durante el gobierno kirchnerista.

En la flamante ley se establece que los partidos políticos "obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales". Los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.

Los aportes en dinero sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad. También se permitirán los aportes en especie, esto es, aquellos que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

La iniciativa aprobada también modifica los plazos de la campaña electoral; reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales; regula aspectos de la campaña digital y del trabajo de las encuestadoras de opinión; y define la utilidad de los fondos destinados a capacitación dentro de los partidos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO) destacó que el proyecto es "un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales" y "aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas".

Tonelli explicó que con la legislación actual "en el fondo se esconde una hipocresía, porque las empresas terminan contribuyendo, pero lo hacen a nombre de 10, 15 o 20 gerentes de esas empresas". Por eso, consideró mejor saber cuáles son las compañías que ponen dinero en las campañas y dónde lo hacen, "y no personas que no sabemos quiénes son".

También desde el PRO, Silvia Lospennato dijo que esta ley "se trata de si estamos dispuestos a que la sociedad conozca de dónde viene y hacia dónde va el dinero que reciben los partidos políticos; se trata de ser claros, de ser transparentes, de mostrar quién financia las campañas, cómo se financian esas campañas y en qué gastan los partidos a través de las campañas".

La diputada oficialista recordó que "hasta el año 2009 el financiamiento era mixto", y a partir de ese año "se prohibió el financiamiento de las personas jurídicas pero no de las personas físicas, con lo cual el financiamiento siguió siendo mixto antes y después de las campañas, sólo que las personas jurídicas solamente podían hacer aportes en los períodos que no fueran de campaña".

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, defendió el financiamiento "100% estatal" y sostuvo que "cuanta menor injerencia de las empresas exista en el financiamiento de la política, será mejor para la transparencia y la actividad de los partidos políticos".

Además, el legislador kirchnerista aseguró que "las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos que tienen mayores posibilidades electorales y a los que tienen líneas argumentales pro-empresa", lo cual "genera un desequilibrio".

Juan Manuel López habló en nombre de la Coalición Cívica y ratificó el rechazo histórico de ese espacio a los aportes privados. "Siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder, y hemos votado en consecuencia", comentó el "lilito".

Por el Frente Renovador, Graciela Camaño justificó la necesidad de sancionarla ley, al recordar que "hemos tenido escándalos todos los años" vinculados a las campañas electorales.

Camaño le respondió a su par del Frente para la Victoria-PJ Gabriela Cerruti, quien horas antes había puesto "desafortunadamente" el ejemplo de los laboratorios, que según ella ahora podrían financiar una determinada campaña para asegurar la continuidad de sus negocios.

La diputada massista recordó que justamente, en 2007, la campaña presidencial de Cristina Kirchner fue financiada con aportes de tres laboratorios investigados por presunto lavado de dinero, que no pudieron justificar el origen de esos fondos.

Del mismo modo, Camaño observó que Cambiemos obró de forma "mucho más miserable" al "agarrar el padrón de los pobres y hacerlo aportar" para la campaña en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Diego Bossio (Justicialista) se planteó si el Congreso no debería tratar los temas que son de "urgencia" para la sociedad. "Hay que decirlo con todas las letras: hay un Gobierno que quiso y quiere cerrar el Congreso de la Nación. No hay debate", se quejó, y responsabilizó por eso al jefe de Gabinete, Marcos Peña. (parlamentario)