Un plenario de comisiones intentará dictaminar el martes la ley de góndolas que semanas atrás activó Elisa Carrió y que generó, a esta altura, un gran dolor de cabeza en Casa Rosada, con amenazas de "Lilita" en cuanto a echar al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La oposición aprovechó el regalo de la referente de la Coalición Cívica, que empuja un despacho con mayor poder de intervención, y desde Cambiemos ya preparan argumentos para presentar un texto más "moderado" para un debate que aterrizaría en el recinto al día siguiente, en caso de haber sesión.

"Aunque Sica me quiera trampear desde Producción, yo le voy a sacar la ley. Si no, lo voy a sacar a Sica, cualquiera de las dos cosas", disparó Carrió el jueves pasado en al ser consultada en un programa de televisión sobre la ley de góndolas. La diputada agregó: "No quieren atacar a los supermercados, si son los que arreglaban con -el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo ultra-k- Moreno. Son los que fijan el precio, no vayan a comprar ahí".

Desde la oposición se propone que la exhibición de un producto no supere el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca. Además, se deberá garantizar un 25% del espacio disponible para productos de similares características y diferente marca, para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de "Mi PYMES" y/o en el ReNAF; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.

En las últimas horas, fuentes de Cambiemos deslizaron la idea de establecer un mínimo de "tres proveedores por cada categoría de producto de los que integran la Canasta Básica Alimentaria, siendo dos para los establecimientos de menos de 1.000 metros cuadrados", y promover "prácticas como la venta a granel". Al igual que la oposición, quieren que "en los exhibidores contiguos a las cajas" se aplique "la participación de hasta el 50% para productos de pymes, cooperativas, regionales y saludables".

Desde el oficialismo también manifestaron a este diario que se agregarán "otras políticas tendientes a la transparencia de precios, como es la colocación de una bandera argentina en los productos nacionales, la exhibición de precios con una unidad de medida homogénea, y cartelería promoviendo a las pymes, cooperativas y mutuales en los exhibidores contiguos a las cajas". En tanto, "las sanciones por incumplimiento" podrán "ser de oficio por denuncia ante la Autoridad de aplicación, siendo de hasta el 1% del total de facturación anual bruta o el máximo para las sanciones de lealtad comercial ($264 millones)".

"Todo lo que pasó en esta cámara desde fines del año pasado alienta a una sensación de caos con respecto a gestión política y momentos erróneos para hacer ciertas cosas. En 2018 pudimos sacar la Ley de Defensa de la Competencia con gran acuerdo. Semanas atrás, activamos un Decreto de Necesidad y Urgencia por el tema de la Lealtad Comercial. Después, hicimos ese show de 'Precios Esenciales'. Hasta ahí, estábamos con situaciones de transparencia, pero sin romper ningún molde, y resulta que ahora vamos a meter una ley de góndolas bien intervencionista ya que nos dimos cuenta, recién en 2019, del poder que tienen los supermercados para remarcar precios. Chocolate por la noticia", se lamentó un cabalgador de peripecias legislativas de Cambiemos.

Otro punto en el que adhieren Cambiemos y la oposición es en el establecimiento de un "Código de Buenas Prácticas". En el oficialismo apuntan a todos los contratos que las cadenas de supermercados realicen con sus productores, que serán por escrito y tendrán también un método alternativo de resolución de conflictos (arbitraje o mediación privada) para las partes y un encargado de cumplimiento del código en cuestión.

En los fundamentos que prepararon algunos de los legisladores de Cambiemos de cara a un potencial dictamen dejaron claro que el código mencionado no irá para todas las cadenas de supermercados y proveedores, sino para quienes tengan una facturación bruta anual de más de $7920 millones. (ámbito)