La Suprema Corte bonaerense trasladó el expediente de la jura del nuevo miembro, Sergio Torres, al Procurador general Julio Conte Grand, para que se expida a raíz del conflicto abierto al interior del máximo tribunal.

A casi un mes de la aprobación de su pliego por parte del Senado, Sergio Torres continúa sin jurar como nuevo miembro de la Corte, a raíz de un reclamo de algunos miembros del máximo tribunal, que cuestionaron la residencia del magistrado.

En un estricto hermetismo, el reclamo fue encabezado por el flamante presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, quien inició un expediente administrativo para revisar el proceso de nombramiento de Torres. Ahora deberá ser Conte Grand quien opine sobre el caso, aunque su palabra, como en todos los procedimientos, es no vinculante para el tribunal.

Voceros del Poder Judicial indicaron que la intervención de Conte Grand "es la habitual" cuando existe algún tipo de conflicto en el que debe intervenir la Corte.

El Senado bonaerense aprobó el pliego de Torres el 11 de abril pasado, y días después el Ejecutivo refrendó la decisión con un decreto y remitió el expediente al máximo tribunal. Sin embargo, los miembros de la Corte no completaron el trámite de designación y, por el contrario, presentaron objeciones formales.

La indefinición en torno a un trámite administrativo como debería ser la jura de un miembro de la Corte incrementó los rumores acerca del descontento que la designación de Torres generó en el interior de la Corte.

El flamante presidente del máximo tribunal, Eduardo de Lázzari, presentó un planteo administrativo en el que objeta el proceso de designación. Puntualmente, apunta las dudas hacia el domicilio del magistrado, eje de una polémica que también recogió el ex juez Luis Arias, quien presentó una denuncia penal contra Torres y la gobernadora María Eugenia Vidal.

El gesto es leído en el marco de una serie de cuestionamientos que la Corte viene expresando, principalmente en cuestiones vinculadas con el presupuesto y la infraestructura. A esto se suma un cuestionamiento concreto realizado por De Lázzari, quien denunció la "afectación de la independencia" del Poder Judicial, y sucesivos fallos contra políticas centrales del Ejecutivo provincial, como la suspensión parcial de la reforma previsional del Bapro, que en principio sólo alcanza a un caso. (DIB)