La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini anuló la votación por correo de los argentinos residentes en el exterior. De esta manera, declaró inconstitucional una norma impulsada por el Ejecutivo que permitía a las 360.000 personas que viven en extranjero enviar su voto por correspondencia a las embajadas argentinas en los países.

Por lo pronto, desde el Gobierno anticiparon que apelarán el fallo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) por considerar que el voto de los argentinos en el extranjero está regulado por decreto. En ese contexto, en la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce Adrián Pérez sostuvieron que "la ley dice que es facultad del ejecutivo reglamentar cómo votan residentes en el exterior".

La iniciativa oficial había sido implementada por el Gobierno nacional a través del Decreto 45 de enero pasado y recibió el rechazo de la mayoría de los partidos de la oposición. En la Casa Rosada argumentaban que buscan reducir el costo del evento.

Por lo pronto, Servini falló a favor de una demanda judicial presentada por el Partido Justicialista (PJ). "Menos mal que falló la Justicia Electoral, era un disparate. Cualquiera que va a votar debe hacer la cola, mostrar el documento a los fiscales y autoridades de mesa. En cambio hay más de 360.000 que estaban autorizados a votar por correo desde el exterior", expresó el apoderado del PJ, Jorge Landau al canal C5N.

El decreto 45 autorizaba a los residentes en el exterior a enviar su voto voluntario por carta de forma anticipada a los comicios que se celebrará el 27 de octubre próximo en la Argentina. El objetivo era no haya necesidad de presentarse en la sede diplomática nacional para votar.

Para poder hacerlo, debían inscribirse en un registro específico hasta el 29 de julio. Luego, la Justicia le enviaría a su domicilio un sobre con una boleta única para emitir el voto, que debían regresarlo vía postal sin cargo y sin identificación hasta el 23 de octubre. También podían ir a depositarlo a las urnas ubicadas en las mismas sedes consulares.

Sin embargo, desde el peronismo advirtieron que estos sobres no serían fiscalizados ni pasarían por los controles de identidad que la ley exige, con lo cual podrían ser manipulados. Además, se contabilizarán directamente en el escrutinio definitivo, sin pasar por el provisorio del domingo de votación. "Era inaceptable desde todo punto de vista. Con esos votos se define una elección", agregó Landau.

Se estima que en el exterior habría entre 250.000 y 360.000 argentinos en condiciones de votar, aunque en 2017 solo 14.000 ejercieron su derecho.

Este no es el único revés a las nuevas reglas electorales que recibió el oficialismo en los últimos días. Por una acordada de principios de abril de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Mauricio Macri tuvo que dar marcha atrás con otros dos decretos que regulaban la votación: los números 54 y 55.

El 54 adelantaba varios días el voto de los 4.000 presos del país, cuando históricamente siempre sufragaron en simultáneo con el resto de la población el tercer domingo de octubre. El 55 anticipaban el voto hasta 12 días de los efectivos de seguridad abocados a la elección. Como la CNE impidió los cambios y amenazó con declarar la inconstitucionalidad, desde el Gobierno salieron a aclarar que su propuesta era para aplicar recién en las legislativas de 2021. (ámbito)