La jueza Loretta Preska, del tribunal de Distrito Sur de Nueva York, decidió aceptar el stay que solicitaron el Estado argentino e YPF, y suspendió el inicio del juicio a la espera de que se expida la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo. Se trata del caso por la expropiación de la petrolera estatal durante el kirchnerismo.

La Corte Suprema de USA está analizando un recurso que solicitó el gobierno argentino sobre la jurisdicción del caso y en ese proceso le consultó su opinión al gobierno de Donald Trump, por medio de su solicitor general.

Lo que decidirá la Corte de USA es si el juicio debe seguir en territorio norteamericano o deberá dirimirse en Buenos Aires, tal como pidieron YPF y la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.

Este miércoles 1º de mayo después de algunas idas y vueltas en el expediente en los últimos días, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa decidió no empezar el juicio contra la Argentina y esperará a que la Corte diga si corresponde o no juzgar el tema en USA. Esta decisión estira los plazos y es un alivio para la Casa Rosada, ya que según los expertos que siguen el caso, la Corte podría demorar su definición hasta octubre, luego del receso veraniego del hemisferio.

Con todo, hay que destacar que la demanda ya tuvo dos fallos negativos para el país, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones.

Se trata de una demanda por unos US$ 3.000 millones iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, por perjuicios tras la estatización de la petrolera en 2012.

El caso comenzó a gestarse en 2015, cuando Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas constituidas en España que tenían el 25% de la petrolera estatal, presentaron una demanda alegando que Argentina, como nueva propietaria de YPF, no había cumplido con el prospecto de la salida a la bolsa en Wall Street y no había realizado una oferta pública. Eso ocurrió luego de que las empresas quebraran y Burford le comprara a la justicia española el 70% de los derechos de litigar.

Burford pagó US$17 millones por esa tenencia y ya vendió el 25% por US$106 millones. O sea, le cedió (a grandes fondos cuyos nombres no trascendieron por el momento) la posibilidad futura de beneficiarse por un fallo contrario al país. (U24)