El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla apuntó sus cañones directamente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conduce Gustavo Arribas. Lo hizo al requerir -de manera formal- cualquier comunicación vía teléfono o correo electrónico desde la central de espías que hubiese tenido por destino al falso abogado Marcelo D'Alessio o a los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, además de Hugo Rolando Barreiro, quien revistó en las filas de la agencia. El magistrado completó el movimiento al avalar medio centenar de medidas de pruebas pedidas por el fiscal Juan Pablo Curi, quien mutó su reticencia a acompañar a Ramos Padilla (tras discutir la competencia del juez en la investigación) y solicitó una batería de elementos que podrían desembocar en la ampliación de la investigación por espionaje ilegal.

El temor en despachos oficiales se cristalizó luego de que Ramos Padilla diera curso a los pedidos del fiscal que, por su rol como representante del Ministerio Público, terminaron complicando aún más la situación de Carlos Stornelli, al afirmar los tramos de la acusación que lo involucran y disponer una serie de medidas que lo impactan. Por caso, solicitó que se cite a todo el personal de su fiscalía a declarar. Y que se verifique si alguien intentó conocer las comunicaciones de Jorge Christian Castañón, el ex marido de la actual pareja del fiscal y sus movimientos migratorios.

A su vez, la fiscalía había pedido que se integren las declaraciones que prestó D'Alessio ante Stornelli en la causa GNL, además de una serie de testimoniales que podrían ampliar la nómina de víctimas de la organización paraestatal que se investiga y sobre las que Curi también se pronunció, describiendo la gravedad de hechos que no sólo se le imputan a Stornelli, sino el alcance y modalidad que podría haber tenido la operatoria ilícita.

A su vez, solicitó una pericia informática para verificar la denuncia de la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles, que afirmó que todas sus declaraciones en causas contra ex funcionarios fueron "guionadas". Ramos Padilla la consideró una posible damnificada y la reconoció como querellante.

Pero hubo otro pedido sugestivo que el fiscal busca desentrañar: solicitó a Eduardo Casal que informe a quién le asignaron un teléfono de la Procuración General terminado en 8416 entre enero y febrero de 2019. Desde ese número se mantuvieron conversaciones con D'Alessio. Pidió que ese teléfono también sea cruzado con el de todos los acusados, incluido Bidone. Y saber cómo tenían registrado a ese abonado. El giro de Curi sorprendió a Comodoro Py, cuyos apoyos a Stornelli habían mermado conforme avanzaban los hallazgos en Dolores. El último dique para la estabilidad del fiscal es la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata que definirá la continuidad de Ramos Padilla y cerrará los caminos para la "rebeldía" con epílogo final en Casación.

En paralelo, Casal nominó a la fiscal ante los tribunales orales Fabiana León como coadyuvante de la causa "cuadernos". Según pudo saber este diario, el ofrecimiento a León de la Procuración llegó luego de varias rondas de consultas a otros fiscales y bajo la condición de ser un intento para organizar un plan de trabajo para una eventual elevación a juicio de la causa y no como una designación definitiva para el proceso oral. Sin embargo, las defensas planean objetar el nombramiento a partir de no haber quedado explícito en la resolución de Casal que habrá una fiscalía sorteada cuando Claudio Bonadio decida elevar el primer tramo de "cuadernos", con fecha todavía indefinida.

Adicionalmente, el fiscal Curi había requerido al juez que cite a testimonial a Mirtha Legrand y su nieto Ignacio Viale para que declaren sobre lo que conozcan con respecto al documento secuestrado en casa de D'Alessio y rotulada como "Operación Jaitt" y que declaren sobre la veracidad de los cruces de llamados que allí aparecen. Exigió también que se certifique otra causa donde el abogado Carlos Broitman y su colega Juan José Ribelli denunciaron persecución. También pidió determinar si la primera denuncia contra D'Alessio se inscribió el 2 de marzo de 2018, donde aparentemente ya había solicitado dinero afirmando que integraba la AFI en una delegación de Rosario.

Luego del pedido de la fiscalía, el juez avanzó también en otras líneas de investigación por lo que pidió identificar el contacto identificado en el teléfono de D'Alessio como "Daniel Santoro", en referencia al periodista de Clarín. Dejó en manos del magistrado el entrecruzamiento de llamados de esa línea. También si es usuario de Nosis, y si solicitó informes sobre Gonzalo Brusa Dovat, quien denunció que en una operación de pinzas debió conceder una entrevista y declarar como supuesto arrepentido ante Stornelli para evitar que la DEA monte un caso en su contra.

La fiscalía buscó la declaración testimonial del abogado Javier Landaburu, presunta víctima a futuro de maniobras de espionaje que también estarían en manos de D'Alessio. A Landaburu, abogado de varios de los empresarios de "cuadernos", lo une a Stornelli una relación de amistad cercana. El objetivo de la citación es que el letrado confirme si mantuvo reuniones o llamados telefónicos con el falso abogado.

Maniobras destinadas también a hacer espionaje sobre el dirigente peronista de Necochea Norberto Porcaro fueron solicitadas por Curi, además de pedir que comparezca. Sería otra víctima de la organización dedicada al espionaje ilegal.

Con este respaldo de la fiscalía, sólo resta definir la cuestión de la competencia para que la causa que sigue Ramos Padilla incremente aún más su voltaje político. (ámbito)