"Acá no pasó nada", había asegurado el presidente Mauricio Macri hace más de dos años cuando le ordenó a Oscar Aguad que vuelva a "foja cero" el acuerdo entre el  Estado y el Grupo Macri por el Correo Argentino. Pero un nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín alerta sobre desvíos irregularidades, un "vaciamiento progresivo" y exige que la causa deje de ser dilatada.

Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía. "En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19/11/2003 ésta no registra actividad", explica Boquín en el dictamen.

Y denuncia un "vaciamiento progresivo" a través del cual la compañía habría desviado sus millones a un círculo reducido de personas y empresas vinculadas a ellos mismos cuando ese dinero debía destinarse al pago de la deuda con el Estado, sostiene la fiscal.

Algunos de ellos son funcionarios del actual Gobierno o cercanos a ellos, como el hermano del diputado Pablo Tonelli que dirige el estudio de abogados Tonelli y que recibió alrededor de $4.400 millones en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007; una parte de los $14.386.053,68 con los que se recibieron nueve estudios jurídicos.

El legislador fue uno de los principales críticos de Boquín cuando frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98% de la deuda.

Por Tonelli y otros que ocupan cargos públicos, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los mismos que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo integraron la compañía de la familia Macri.  

El estudio Kleidermacher se llevó el mayor monto: una suma de más de $9.600 millones, una parte entre julio de 2004 y diciembre de 2005 y la gran mayoría entre enero de 2006 y mayo de 2015. Jaime Kleidermacher es uno de los históricos abogados de la familia presidencial.

El actual secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri, Pablo Clusellas integra la empresa es Romero Zapiola & Clusellas y es otra de las contratadas por la compañía por $120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en temas legales de recursos humanos.

De acuerdo al dictamen de la fiscal Boquin, cuatro consultoras también entraron en el esquema de desvíos sin justificación. Entre ellas, Doris Capurro (también relacionada a Kleidermacher) y cuatro empresas vinculadas: Supergol S.A, Be Good S.A, Optimedia Internacional S.A y Capurro S.A. En conjunto, entre 2004 y 2007, recibieron $1.121.373 de Correo Argentino SA. (bae)