El oficialismo bonaerense negocia con el massismo una serie de cambios al proyecto de extinción de dominio provincial, con la intención de acelerar su aprobación, tal como lo pidió la gobernadora María Eugenia Vidal.

Fuentes parlamentarias señalaron que legisladores de Cambiemos acordaron con sus pares del Frente Renovador negociar un proyecto común que habilite a jueces provinciales a decomisar bienes que provengan de delitos.

En principio, el oficialismo accedió a mudar el debate de cámara: se iniciará en Diputados, donde Cambiemos más necesita del massismo para poder aprobar la iniciativa. En ese marco, se acordó armar un proyecto consensuado sobre la base de una iniciativa presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez.

La propuesta prevé el decomiso de bienes producto de ilícitos "en cualquier momento del proceso penal sin la espera de sentencia". En tanto, con los cambios la facultad de ordenar la ejecución de los bienes recaerá sobre los fiscales y no sobre los jueces, como planteaba el Ejecutivo.

También se avanzará en la creación de una subsecretaría encargada de la capacitación de los fiscales en materia de decomiso y una normativa para determinar, según la característica del bien, el destino funcional. Este punto era uno de lo que más tironeos había generado con la oposición.

La iniciativa es una suerte de correlato bonaerense del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por el presidente Mauricio Macri luego de que fracasara el tratamiento de una ley similar en el Congreso. A diferencia de la norma nacional, que establece que el procedimiento se ejecute por la vía civil, el proyecto provincial lo deja en la órbita del fuero penal.

Además, incorpora una cláusula que establece un plazo para reclamar bienes secuestrados en operativos policiales y judiciales. Cumplido ese trámite, el Estado podrá disponer de ellos sin derecho a reclamo.

Al respecto, el senador provincial Marcelo Pacífico (Cambiemos) señaló que "la sociedad tiene que recuperar lo que la corrupción y el narcotráfico les robó".

"En el proceso penal clásico, el juez y el fiscal se concentran en investigar los hechos y para aplicar una pena a los responsables. Y la persecución de los bienes fruto del delito -o con los que se cometieron los hechos-, ocupa un segundo plano", expresó. (DIB)