La Cámara Nacional en lo Comercial porteña ordenó este jueves que los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidan sobre la vinculación entre las empresas Correo Argentino S.A, en concurso preventivo de acreedores, y las sociedades anónimas Sideco Sudamericana y Socma, informaron fuentes judiciales.

El trabajo contempla una pericia contable de los libros comerciales de Sideco y Socma, con el objetivo de establecer si pudo haber un desvío de fondos del Correo a esas compañías, se explicó.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a un recurso interpuesto por la fiscal general Gabriela Boquín y ordenó la realización de un peritaje que encomendó al cuerpo de peritos contadores de la Corte, en el marco de un incidente originado en el concurso preventivo de Correo Argentino S.A.

Las camaristas María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini recordaron que la presentación de Boquín se había producido luego de que el Juzgado N°6 dispusiera que las sindicaturas actuantes en el proceso realizaran un informe conjunto "a efectos de obtener los datos requeridos por la Sra. Fiscal de Cámara".

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, ello causaba un agravio porque "la decisión importó una virtual neutralización de la investigación requerida y una obstrucción al cumplimiento de sus funciones"; "designa a los mismos síndicos ya actuantes"; "no dispone la producción de la prueba conforme fuera requerido"; "omite expedirse sobre la compulsa en libros" de las sociedades Socma Argentina SA y Sideco Sudamericana SA y "no se pronunció sobre la designación de un consultor técnico de su parte".

Denuncias sobre supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de la deuda de la concursada al Estado nacional originaron la apertura de un sumario penal, que instruye el juez federal Ariel Lijo.

A principios de 2017, Boquin cuestionó que el Estado aceptara una quita de 97% del multimillonario crédito contra la concursada y mencionó un posible conflicto de intereses por la relación del presidente Mauricio Macri con los accionistas del Correo.

A mediados de 2018 la Oficina Anticorrupción dictaminó que no hubo faltas a la ley de ética pública en la decisión -luego retirada- de aceptar la oferta de la concursada.

En febrero de 2017, Macri había adelantado que se harían presentaciones a nivel judicial para que "vuelva a foja cero" el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino S.A.

"Si me equivoco, doy un paso atrás y me corrijo", dijo entonces el Presidente en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno. (Ámbito)