Sin la seguridad de que el debate se renueve este año, pero con la premisa de mantener firme el reclamo, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordó este fin de semana un nuevo proyecto de ley que será presentado en la Cámara de Diputados a mediados de abril con movilizaciones en todo el país.

El articulado se terminó de consensuar entre las organizaciones que integran la Campaña, en una multitudinaria reunión plenaria desarrollada en la Universidad de Córdoba en dos jornadas, donde participaron casi 200 activistas de 30 regiones del país.

El proyecto es el resultado de más de cuatro meses de trabajo de una comisión redactora que se creó dentro de la Campaña, y "tiene como finalidad saldar una deuda histórica de la democracia".

"Se recoge el ejemplar ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018, así como los 14 años de organización y experiencia política de la Campaña", indicaron sobre el proyecto, que será presentado por octava vez.

Si bien restan definir detalles, se pudo saber que se mantendrá el espíritu del proyecto aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y luego rechazado en el Senado, con un límite de 14 semanas de gestación para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa ya no contempla las "malformaciones fetales graves" como causal de interrupción legal del embarazo más allá de la semana 14; y tampoco incluye la objeción de conciencia para los médicos, algo que se había concedido en Diputados para sumar votos.

Una novedad muy discutida es que se incorporó el concepto de "identidades gestantes", en lugar de "mujeres" o "personas con capacidad de gestar", en respuesta a un reclamo de distintos sectores sociales.

En un comunicado, la Campaña exhortó a los candidatos que compitan en las elecciones de este año en todo el país, a pronunciarse respecto de la legalización del aborto voluntario.

"La Campaña seguirá luchando por la implementación plena y efectiva, con presupuestos adecuados, de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, para que las niñas, niñes, adolescentes, mujeres e identidades disidentes accedan a sus derechos", sostuvieron.

Y concluyeron: "Por la salud, la vida, la autonomía y la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar; por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se exige el tratamiento, el debate y la sanción de este proyecto". (Parlamentario)