El juicio por las inundaciones en La Plata, que dejó un saldo de 89 muertos y consecuencias millonarias, se cerró en medio de un escándalo: el único acusado, Sergio Ariel Lezana, funcionario de Defensa Civil de esa ciudad, aceptó su culpabilidad y pagará una multa de $ 12.500.

La decisión fue tomada por la jueza Claudia Grecco, quien cerró el debate en la primera jornada, antes de que se inicie la ronda de testigos, al homologar el acuerdo alcanzado entre el fiscal Jorge Paolini y el abogado de Lezana, Juan Di Nardo.

De este modo, el ex director de Defensa Civil municipal recibió la pena máxima para el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que consistió en el pago de una multa de $ 12.500 y la inhabilitación para ejercer cargos por un año.

La pena es irrisoria si se compara con la cantidad de muertos o con que el 80% de los platenses fueron afectados por el diluvio: 165.037 "impactados directos" y 357.500 "afectados indirectamente", con daños de $ 4.000 millones.

Marcelo Peña, uno de los abogados que representó a las víctimas de la inundación, dijo que "la actitud del juzgado termina ocultando las verdaderas responsabilidades" de la tragedia.

En efecto, la querella se había resignado a que Lezana reciba una pena menor, de acuerdo a cómo se había tipificado el delito del que se lo acusaba, pero esperaba que el debate oral dejara al descubierto las responsabilidades políticas detrás de la tragedia.

"No nos dejaron escuchar ni al primer testigo. El fiscal logró que al platense se le prive el derecho de saber la verdad", señaló Peña, quien antes del inicio del juicio pidió el apartamiento de Jorge Paolini, medida que fue descartada por la jueza Grecco.

En el breve juicio, Lezana reconoció que al momento de la tragedia, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata (entonces al mando de Pablo Bruera) no existía un plan de atención en la emergencia para una catástrofe de tal magnitud, como tampoco había un sistema de alerta temprana no tampoco un registro de voluntarios organizados para colaborar con Defensa Civil, área a su cargo.

Contraataque

La resolución judicial golpeó a los familiares de las víctimas de la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013, que oficiaron como particulares damnificados en el expediente. En este contexto, asambleístas de la inundación de distintos barrios de la capital provincial se manifestaron en la puerta de los tribunales de 8 entre 56 y 57 en reclamo de Justicia y por la imputación de dirigentes locales y provinciales.

Desde la querella, Peña indicó que ahora insistirán para que se reactive la causa penal que se tramita en la UFI 8 de La Plata por "estrago doloso" contra los responsables políticos de esa época, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y el ex intendente Pablo Bruera.

El abogado querellante adelantó que buscarán incorporar los planteos del fiscal Paolini contra el extitular de Defensa Civil de La Plata, con el objetivo de "reactivar la causa que tramite las responsabilidades políticas".

La estrategia de la querella es tomar como partida el reconocimiento de culpabilidad de Lezana, quien reconoció que no existía un plan coordinado para prevenir una catástrofe natural. Con esto buscarán reactivar las acusaciones contra Scioli, Bruera y otros funcionarios municipales y provinciales, que por ahora no están bajo la mira de la Justicia. (DIB)