El juez federal Claudio Bonadío procesó a 92 intendentes y ex intendentes, 32 de los cuales son de la provincia de Buenos Aires, acusados de formar parte de una estafa con fondos públicos que se habría realizado entre 2013 y 1015 a través de un programa sobre tratamiento de residuos utilizado como pretexto para el envío discrecional de fondos a alcaldes.

Bonadío sostuvo que los intendentes están involucrados "en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado en una suma aproximada de $ 604 millones", en referencia a los envíos de fondos del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU), que durante el gobierno anterior estuvo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.

El programa debía servir para realizar obras para el tratamiento de la basura en los distritos que lo solicitaban, pero tanto la ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada, mientras que a alcaldes de cuatro provincias alineados con el kirchnerismo les remitieron el 79% de los fondos.

Se trata de municipios bonaerenses, de Chaco, Santa Cruz y La Rioja, según dio cuenta una auditoría. Por eso, el juez cree que el programa "era una pantalla para "disimular el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales" a políticos afines al gobierno de Cristina Fernández.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Reacción

En el mismo día en que se conocieron los procesamientos, el PJ bonaerense emitió un comunicado en el que rechazó "carpetazos" y "falsas denuncias públicas" y habló de "extorsión".

"Los y las dirigentes y militantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos" señaló el partido, en un comunicado formal difundido esta tarde.

"Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible", añadió el PJ sobre la decisión de Bonadío en un texto difundido antes de que se conociera la medida dictada por el juez.

Según explicaron fuentes partidarias, el comunicado había sido redactado como respuesta a una nota de un canal de noticias que hablaba de la posibilidad de "carpetazos" contra intendentas peronistas del Conurbano, pero que luego se decidió utilizarlo para rechazar las imputaciones de Bonadío.

El PJ buscó así deslegitimar la investigación de juez, a la que describió en términos de persecución política.

Bonaerenses en la mira

Los alcaldes bonaerenses procesados con Pablo Zurro (Pehuajó) , Ricardo Casi (Colón), Walter Torchio (Carlos Casares), Alfredo Fisher (Laprida), Francisco Iribarren (Florentino Ameghino), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Francisco Echarren (Castelli), Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco), José Medina (General Arenales), Marcelo Skansi (Carmen de Areco), Carlos Racciatti (Lezama), Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte), Francisco Gutiérrez (Quilmes), José Inza (Azul), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), María Gianini de Lafleur (Carlos Tejedor), Gastón Arias (Brandsen), Néstor �lvarez (Guaminí), Diana Argüello (Lobería), Héctor Olivera (Tordillo), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Jorge Eijo (General Belgrano), Martín Caso (Rojas), Gustavo Walker (Pila), Gustavo Trankels (Tornquist), Marcos Luis Fernández (Monte Hermoso), Enrique Tkacik (Hipólito Yrigoyen), Marta Médici (Alberti) y Ricardo Curetti (Carmen de Patagones). (DIB)