La calesita que alimentó el Gobierno con el financiamiento político y la larga siesta que mantienen los proyectos sobre esta cuestión en el Congreso reactivaron no sólo el histórico tirón de orejas de organizaciones como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), sino que además abroquelaron a gran parte del círculo rojo. Tras décadas sin trazabilidad, empresarios y banqueros ahora piden "transparencia e información pública en los procesos electorales, incluyendo tanto la financiación de la política como los sistemas de votación y conteo de votos".

"En el día de ayer -en referencia al domingo último- varios medios de prensa publicaron la solicitada 'La transparencia del financiamiento político y electoral es un compromiso colectivo' emitida por CIPPEC, Poder Ciudadano y Fundación RAP. Las entidades abajo firmantes comparten y expresan su adhesión al contenido de la mencionada solicitada, que está en un todo de acuerdo con pronunciamientos previos hechos por el Foro de Convergencia Empresarial", señala el texto que emitieron en las últimas horas la Asociación de Bancos de la Argentina (Aba, que preside Claudio Cesario) y la Asociación Empresaria Argentina (Aea, que comanda Jaime Campos), entre otras.

Después de años sin prestar atención a la trazabilidad de aportes, y con personajes top del círculo rojo mencionados en la megacausa de los "cuadernos-coimas", el círculo rojo intenta sumar presión al Gobierno para que active el debate en el Congreso. Una última y delicada opción que circula en la esfera de la Casa Rosada es la de obviar la discusión de una ley para gatillar un delicado decreto reglamentario y bancarizar los aportes.

En la actualidad, las empresas pueden dar dinero para situaciones alejadas de la campaña, como la capacitación en los partidos. "El problema allí es que las partidas se realizan, pero después nadie asegura que ese giro de dinero sea utilizado para ese fin. Por ese motivo sería adecuado que si no se sanciona una ley, los privados al menos soliciten una corroboración fehaciente sobre el uso de esos aportes. Y si donan como personas físicas y no como empresas -es decir, lo permitido por la actual normativa-, que al menos se comprometan ellos para hacerlo de manera bancarizada", confió un experimentado cabalgador de trajines electorales.

Sobre la posibilidad de avanzar con un decreto reglamentario, un operador top del Congreso -de fluidos vínculos con todos los partidos: "Los fondos que no son 'en negro' salen muchas veces del erario público de gestiones nacionales, provinciales y municipales, y una bancarización de aportes a través de un decreto reglamentario podrá ser polémico pero eliminaría ese papelón, aunque no permitirá el aporte de empresas. Para ello se necesita una ley y creo que el problema está ahora más en el oficialismo que en la oposición".

La referencia a la discordia en el Ejecutivo pasa por la falta de consenso en Diputados entre la Coalición Cívica -no quiere que las empresas aporten y votarían sólo en general un proyecto, para luego dejar liberado al oficialismo en el tratamiento en particular de la ley- y el resto de la bancada de Cambiemos. También aparecieron algunas extrañas quejas aisladas del radicalismo y de parte del PJ, pese a que en el Senado acompañó un dictamen de consenso con el oficialismo. (Ámbito)