El DNU de régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio ingresó por la Cámara de Diputados este miércoles 30. A partir de ahora, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de 10 días para tratar la validez del decreto que Mauricio Macri anunció desde Casa Rosada días atrás.

El Gobierno avanzó con la medida por esa vía argumentando el estancamiento del debate de la ley en el Congreso, donde después de las modificaciones que el Senado incorporó al proyecto -con media sanción en 2016-, la Cámara baja no volvió a tratar el tema.

Tras el anuncio del régimen, la oposición más dura hizo hincapié en la cuestión constitucional del DNU, pero desde Cambiemos insistieron en que no incide en materia penal, algo que el Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna.

Además, las críticas hacia "las formas" provocaron que desde Casa Rosada no descarten la posibilidad de que este año finalmente se sancione una ley. Asimismo, desde el Frente Renovador, espacio impulsor de la norma aprobada hace dos años y medio, adelantaron que buscarán insistir en el Congreso.

Por lo pronto, la comisión encargada del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia deberá convocar en los próximos días a debatir la medida. Allí, el oficialismo cuenta con ocho miembros, pero al ser el titular el diputado kirchnerista Marcos Cleri, éste cuenta con voto doble en caso de empate en la firma del dictamen.

De los ocho integrantes de la oposición, cuatro son de Argentina Federal, tres del Frente para la Victoria-PJ y completa la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales, de buena sintonía con Cambiemos.

El decreto consta de ocho artículos y tiene como eje central enmarcar el proceso por fuera de la acción penal. Alcanza a los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, entre otros.

Además, dispone la creación de una "Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional" y regula la "acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado".

La finalidad de esta herramienta es "extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos" y se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.

"El demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito", reza el texto del decreto.

Este miércoles también fue girado al Congreso el DNU que traslada frecuencias de telefonía móvil de la empresa satelital pública ARSAT al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para ponerlas a disponibilidad del sector privado. (Parlamentario)