23-01-2019
Entrevista
Gustavo Moreno, asesor tutelar: “Hay que apostar a los pibes en vez de encerrarlos”
El asesor tutelar de la cámara porteña Gustavo Moreno dispara, contra la "demagogia punitivista a lo Bolsonaro" que emprendió el Gobierno con la intención de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. "No soluciona la inseguridad: en la Ciudad, hay sólo un pibe por año que incurre en delitos graves", sostuvo.
Por Matías Ferrari
Cuando en abril del año pasado la ex funcionaria macrista Yael Bendel, titular del Ministerio Público Tutelar, decidió recortarle sus funciones, el asesor tutelar Gustavo Moreno recibió el apoyo de sindicatos como UTE, organismos de Derechos Humanos como el CELS, de organizaciones sociales como la CTEP y de comedores y asociaciones vecinales de las villas porteñas. Todo un acumulado que construyó con sus fallos desde los tiempos de la gestión de Aníbal Ibarra hasta hoy, que molestaron a todos los jefes de Gobierno, entre ellos a Mauricio Macri. Como parte de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales

de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), participó con su firma de un duro documento que rechaza de plano la intención del Gobierno de tratar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. "No mejora la seguridad y suena a demagogia punitiva para ciertos sectores sociales que creen que Bolsonaro es la solución, enmarcada en un año electoral", dijo.


-¿Por qué cree que la baja de edad de imputabilidad es una mala iniciativa?

-Por ahora, la única iniciativa que conocemos, más allá del borrador del proyecto que se filtró, es la mediática en boca de la ministra Bullrich. Todavía no hay ningún proyecto oficial, lo cual no es nada nuevo en estas administraciones, me recuerda a la reforma educativa en la Ciudad, que los estudiantes no conocían más que por trascendidos. Pero por lo que sabemos hasta ahora, nos preocupa que se quiera bajar la edad de imputabilidad cuando hay una recomendación de Naciones Unidas en sentido opuesto. No tiene para nosotros ningún sentido: de acuerdo a la última estadística que tenemos, del total de homicidios por año en la ciudad participa un solo menor de 16 años. Así que se estaría sancionando una ley para un solo delito por año, para una sola persona. Por lo que pretender mejorar la seguridad de esta forma me suena a mentira, me suena a demagogia punitiva para ciertos sectores sociales que creen que Bolsonaro es la solución, enmarcada en un año electoral.


-¿Qué debe hacer entonces el Estado con los menores que cometen delitos graves?

-El encierro y la pena no soluciona nada. Si un chico de 16 años, que hoy es punible, comete un delito grave, debe tener una sanción socioeducativa, el Estado se deberá preocupar y será necesario tomar medidas especiales sobre él. Lo dice Naciones Unidas, no yo. Lo penal no tiene nada que hacer en esos casos. Por eso bajar la edad imputabilidad es todo lo contrario a apostar a que los pibes mejoren. Con un adulto, pongamos de 50 años, ya es distinto, no sé cuánto tiempo tengo para recuperarlo. Pero un pibe es una apuesta al futuro del Estado, ese debe ser el enfoque y no el punitivista.


-¿Qué lleva a los pibes a esas situaciones?

-Hay una cuestión social y otra de subjetividad. Tiene que ver con la historia personal de cada uno. Hay muchos pibes que viven con gente adulta que comete delitos. Y además, son pobres. Es un combo importante, difícil de manejar para cualquiera. Ojo, no quiere decir que porque seas un pibe pobre vayas a ser delincuente, pero sí pasa que el 80 por ciento de los pibes detenidos hoy son varones y pobres. Ahí falla la contención del Estado, falla la escuela, la salud pública, la Justicia también falla. Hay que hacer muchas más escuelas y el Estado no las hace: por eso peleamos por las vacantes para los pibes de la Villa 21-24, tenemos 1800 casos de pibes solo en ese barrio que se quedaron afuera. Eso genera mayor violencia.


-¿Existen experiencias positivas en soluciones no penales satisfactorias para la víctima que reclama seguridad y para el pibe?

-Hay experiencias de justicia restaurativa en algunas provincias que han funcionado muy bien, por ejemplo en casos de hurto, delitos no graves, delitos a la propiedad, que son la absoluta mayoría de los delitos que cometen los pibes, que están relacionados con la desigualdad. El chico pide perdón, se busca acercar a la víctima con el autor, y se establece un diálogo en el que se le pregunta "¿por qué le robaste el celular y lo tiraste al suelo?" y el otro dice "bueno, si me devuelve el celular o hace alguna tarea comunitaria que no vaya preso". Insisto en que hay que darle la posibilidad al pibe de que se arrepienta y tenga que hacer alguna tarea distinta para resarcir a la comunidad, más que al individuo. Hay que buscar medidas alternativas.


-Si la mayoría de los delitos tienen que ver con la desigualdad, ¿el ajuste no atenta contra la supuesta búsqueda del Gobierno de mayor seguridad?

-Sí, la violencia se va a profundizar. No fue ni la izquierda ni la oposición la que señaló que la mitad de los pibes son pobres, sino Unicef. Estamos complicados. La mayoría de los delitos de los menores están vinculados, como dije, con la pobreza, y a mayor pobreza mayor violencia. El recorte en el presupuesto 2019 en materia de salud y educación nos lleva a un camino que no es bueno. Como dice el dicho, la violencia de abajo es una respuesta a la violencia de arriba.


-Se plantea que el anuncio de la baja es puramente electoral, discursivo. Pero ¿qué consecuencias concretas genera en la calle la proliferación de discursos represivos?

-La consecuencia es más palos para los pibes. Eso ya se ve en las villas. En mi última visita por la 21-24, vimos cómo unos pibes que se agarraron a piñas jugando al fútbol fueron reprimidos por prefectos sin mediar palabras, los separaron tirando gas pimienta, una locura. Así no puede intervenir el Estado. Es violencia pura.


-Por lo que trascendió, el proyecto propone crear tribunales especializados para delitos de menores. ¿Lo ve viable?

-Hoy, en la justicia de familia tenemos trabajadoras sociales, pero nos faltan psicólogos, por ejemplo. Habrá que generar empleo público para lograr eso, una inversión que hoy no existe y además en un contexto de ajuste, donde ya el presupuesto 2019 planea recortes en promoción social y, lo que es peor, en protección de los niños y en salud y educación. Es un proyecto de ley sin contenido, vacío.


-Pese a las críticas que generó la iniciativa, el régimen penal juvenil data de la dictadura y lleva la firma de Videla. ¿No cree que habría que tener uno de la democracia?

-Por lo que trascendió del proyecto, insisto, nosotros objetamos la baja de la edad de punibilidad, la creación del fuero sin presupuesto y sobre todo la intervención de lo penal en la infancia y la adolescencia no punible. No debe ser ese el enfoque. Salga o no la ley, los pibes que delinquen tienen que escapar al sistema penal. El juez penal no tiene nada que hacer en estos casos, y si el pibe o la piba tiene problemas de adicciones deberá intervenir un juez de familia. El resto del proyecto está bien. Es necesario cambiar la ley de Videla, pero me preocupa que se dé de esta manera.


-¿Se siente interpelado por el debate entre garantismo y punitivismo?

-Todos los magistrados y las magistradas deben ser garantistas, que no es otra cosa que aplicar las garantías de la Constitución y los tratados de DDHH. No se trata de dejar libre a todo el mundo como se plantea mediáticamente.


-¿Cree que hay un estigma construido mediáticamente sobre el garantismo?

-No es un estigma. Al menos yo no lo vivo así.


-A usted lo señalaron por avalar las tomas de escuelas, como a otros jueces de la Ciudad.

-Los estudiantes querían saber sobre la reforma educativa, de la que no sabían nada. Tenían cinco argumentos sustanciosos, entre ellos que se cumpla la ESI y se mejorase la infraestructura, yo creo que los pibes tuvieron razón en ese momento. El problema es que la toma es un recurso que se reduce o se agota, y ciertamente no siempre es la mejor medida. Pero a los pibes hay que escucharlos, algo que quedó demostrado que este Gobierno no hace.


-Hace pocas semanas falló otra vez en contra del GCBA, apoyando el reclamo de la comunidad del Cerámicas contra el traslado de la escuela. 

-El traslado era un agravio para la organización familiar, porque te avisan 4, 5 dias antes que tu pibe que está en segundo el año se tiene que mover a 70 cuadras de distancia. Además, es una escuela integradora, y para los pibes con discapacidad era todavía peor. También hay un tema de participación, y como adultos tenemos que hacer el esfuerzo de escuchar a los estudiantes. Si uno mira la resolución de la ministra Soledad Acuña, en ningún apartado de los considerandos cita a los centros de estudiantes.


-En abril del año pasado, el gobierno porteño decidió castigarlo recortándole sus funciones. ¿Se siente perseguido por sus fallos?

-Todos los jueces estamos para ser presionados, es parte del trabajo. A ningún funcionario le gusta que le hagan acciones judiciales, sienten que se le cuestiona la gestión y eso lo entiendo. Me ha pasado, desde Ibarra hasta Rodríguez Larreta, con todas las gestiones. Es razonable. Lo que no es razonable es que no se sienten a mejorar aquello que señalamos, por ejemplo lo que pasa con el Cerámicas, y no hay diálogo, hoy es imposible. Y el recorte de mis funciones tiene que ver con que quieren restringir el acceso a la justicia de la gente. Yo sigo cobrando lo mismo, no es contra mí. En la Ciudad hay una división entre el norte y el sur, que tiene que ver con recursos sociales, que es histórica y se está profundizando. Allí también radica un problema subjetivo, de no comprender la complejidad de los problemas, de los sujetos, que se los ve como a un otro y no como a un par. Desde el Poder Judicial debemos también hacernos cargo de que no estamos pudiendo acercarle la Justicia a la gente. (GritoDelSur)