Protagonista. Cristina de Kirchner arrancará el año judicial sentada en el banquillo por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez en la denominada causa Vialidad.

Apenas comiencen a girar las agujas del reloj del 1 de febrero próximo, simbólicamente empezará a acelerarse el cronograma de juicios orales que tendrán a figuras rutilantes del kirchnerismo en el banquillo de los acusados. La protagonista central de los procesos más publicitados en un año electoral -donde Comodoro Py mirará de reojo lo que ocurra en el tablero electoral- será Cristina de Kirchner.

Resta saber qué ocurrirá con los Tribunales Orales Federales que, con excepciones, han puesto freno de mano a los intentos de avance exprés de los procesos orales, cuya duración augura una coincidencia con el proceso electoral o, en su defecto, un veredicto con el resultado puesto. Como sea, el Gobierno apuesta a que parte de la agenda proselitista llegue del lado de los tribunales de Retiro, mientras que los jueces dirimen sus internas con una grieta silenciosa entre los magistrados que deben llevar adelante los juicios y los "productores" de su materia prima: los 12 juzgados de instrucción hiperactivos durante los últimos tres años. Ese es el tiempo que llevó preparar el teatro de operaciones que se resolverá en el año clave de las presidenciales.

Los juicios tendrán su capítulo más allá de las decisiones de la Corte que con su nuevo cronograma de fallos programados buscan aventar especulaciones y "lobbies" varios. La mala noticia para la Casa Rosada: si se mantiene el ritmo de trabajo como prometen los supremos, habrá fallos que podrían ser relevantes aún durante el período electoral. Eso nunca había ocurrido antes.

El calendario de juicios tiene varios casilleros en blanco. La única certeza es que el 26 de febrero comenzará el del presunto direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. Se lo conoce como causa "Vialidad". Tiene a Cristina como principal imputada y es clave para cimentar otros procesos como Los Sauces y la misma Hotesur. Incluso la posibilidad de probar el lavado de dinero del ex titular de Austral Construcciones y sus hijos, en un juicio ya en marcha.

El Tribunal Oral Federal N°2 comenzará su juzgamiento apenas se apresten los detalles al regreso de la feria. Julio De Vido, José López y varios otros exfuncionarios están acusados de integrar una asociación ilícita con Baéz. Su impulsor, Javier Iguacel (cuando estaba en Vialidad Nacional) ya está afuera del Gobierno. Detalle para neófitos: el expediente fue elevado a juicio el 2 de marzo de 2018. Su juicio tiene fecha de inicio (no de finalización) casi 12 meses después. Algo similar al primer proceso en el que la expresidente fue elevada, el de dólar futuro. El Tribunal Oral Federal N°1 la recibió en marzo de 2017. Está cerca de cumplir dos años en esa instancia por múltiples razones. Una de ellas es que como prueba complementaria se intenta dilucidar si Cambiemos utilizó la misma metodología (no judicializable) para vender contratos de futuros durante su gestión. Varios en tribunales (y en el Ejecutivo) serían felices de que no se hiciera nunca: podría darle un triunfo a la expresidenta salir airosa gracias al propio Cambiemos.

Los Sauces, por operaciones inmobiliarias vinculadas a la familia presidencial y que nació melliza de Hotesur, aguarda fecha de juicio desde octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal N°5 tendrá que fijar la fecha y los operadores del Gobierno buscan que se agilice el cronómetro de los jueces. Aclaración: no es tan sencillo como indica el voluntarismo; se debe consensuar un cúmulo de pruebas, testigos ofrecidos por las partes y organización previa antes de poner la fecha de inicio. La burocracia es precisa en todos los juicios, con tribunales abarrotados de causas no tan rutilantes pero en la cola de espera. Hotesur aguarda que se formalice su elevación por parte del juez de instrucción, a pedido de los fiscales. Luego recién estará en condiciones de comenzar el proceso antedicho.

Hay una carrera sigilosa por apurar los tiempos del caso "cuadernos" que estalló en 2018 y alcanzó un ritmo frenético con decenas de procesamientos que, por primera vez, hicieron blanco en el Círculo Rojo.

El Gobierno respiró aliviado con el fallo de la Cámara Federal que "emprolijó" el desbarajuste jurídico inicial. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto financiero-empresarial que tendrá la causa más allá de su destino judicial. Algunos imaginan que podría elevarse a juicio por fragmentos.

Sin embargo, todavía es imposible predecir una fecha. Por su magnitud ya sería un megajuicio como Comodoro Py jamás vio. También Cristina en protagonista por el rol que le adjudicó Claudio Bonadio. En febrero debiera iniciar otro proceso con tinte político, pero que puede arañar al PRO. Es el de escuchas ilegales que sin Mauricio Macri como imputado, tiene a otros miembros del entonces Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculados.

Casación le quitó todo contenido anulando como delito las pinchaduras telefónicas. Debía empezar en febrero, también luego de dos años de espera. Odebrecht, por las plantas potabilizadoras también quedaron en condiciones de elevación. El juicio por la firma del Memorándum con Irán, más allá de no tener fecha, es otro de los procesos que en ambientes judiciales se los vincula directamente con la política y más en un año electoral. En voz baja reconocen que hay muy pocos elementos para sustentar un proceso oral con un calco de la denuncia inicial del fiscal Alberto Nisman convertida en una investigación con varias lagunas.

De todas formas, 2019 será un año electoral atravesado por noticias judiciales vinculadas a juicios. Por lo menos, las novedades judiciales llegarán hasta octubre, fecha en la que usualmente los jueces se sientan a mirar qué es lo que ocurrirá con los ocupantes de la Casa Rosada. (�mbito)