El pasado 5 de diciembre el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, sostenía en el marco de una entrevista radial la necesidad de "protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser".

La declaración se daba a horas de oficializarse la Resolución 956/2018 emitida por Patricia Bullrich, donde se detallaba el nuevo "Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad".

Treinta días desde este escenario es que, en este caso Eugenio Burzaco, secretario de la cartera dirigida por Bullrich, confirmó la compra de 300 pistolas taser.

Según lo sostenido, se proveerá a efectivos de seguridad de las armas eléctricas para ser utilizadas en lugares de gran concurrencia de público donde se dificulta el uso de armas de fuego.

Tomando en consideración el costo de cada pistola (3000 dólares) y la capacitación necesaria para el personal a utilizarlas (Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria), se estima que el monto total del proceso rondará los 3 millones de dólares.

"Hemos decidido a nivel nacional dotar al personal de estas armas no letales para las situaciones de violencia que se dan, para no tener que usar armas de fuego", sostuvo Burzaco.

"En los grandes aglomerados de personas está probado que es muy eficaz para no tener que usar armas de fuego", completó el secretario de Seguridad.

La afirmación se da en el contexto instalado por el gobierno donde busca presentarse a la agenda de seguridad como el eje prioritario en un 2019 que será electoral.

El arma no letal que mata

El argumento que plantea a estas armas como no letales es falso. Las pistolas taser pueden y han ocasionado numerosas muertes en su utilización.

Es en gran medida por esto que Amnistía Internacional y las Naciones Unidas manifestaron su preocupación sobre esta práctica, asegurando que las armas podían ser letales y, apoyados en una declaración de la ONU, plantearon que podían constituir una forma de tortura. (Filonews)