El ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina deberá afrontar un juicio oral, acusado por "coacción agravada" por la toma de obras por parte de trabajadores de su gremio.

La medida fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, que hizo lugar a la decisión tomada por el juez Juan Pablo Massi. El magistrado había decidido elevar a juicio la causa iniciada por empresarios de la construcción de la capital bonaerense, quienes acusaron a Medina de instigar a la toma de obras para luego conseguir una serie de beneficios para empresas vinculadas a su familia.

Medina está acusado de los delitos de "coacción agravada" y "compulsión de huelga". La fiscal Ana Medina solicitó la elevación a juicio de la causa a mediados del año, al tener en cuenta la responsabilidad del sindicalista en la protesta realizada. La medida fue aceptada por Massi el 31 de agosto pasado, y en los últimos días de diciembre, en una resolución que se conoció este jueves 3, la Cámara de Apelación confirmó el trámite.

La defensa de Medina, por su parte, rechazó la medida y adelantó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar "arbitrariedades" en el trámite de la causa y solicitar que se "garantice la independencia" de los jueces.

El abogado de Medina, César Albarracín, aseguró que "están acreditadas determinadas presiones políticas sobre actores judiciales, lo que no garantiza la objetividad de los magistrados".

"Pata" Medina es investigado también por la Justicia Federal de Quilmes en diferentes causas que investigan los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, y que buscan determinar el origen de la fortuna del gremialista, a quien se le adjudica la titularidad, a través de testaferros, de empresas de catering, bodegas y empresas varias.

El caso bonaerense

La causa que se tramita en La Plata, y que será ventilada en un juicio posiblemente este año, se inició a raíz de la denuncia de empresarios de la construcción, quienes acusan a Medina de instigar la toma de obras con el objetivo de presionar para que contraten el servicio de catering de una empresa vinculada a su familia, por valores superiores a los del mercado.

Albarracín, sin embargo, sostuvo que se trató de una "cuestión sindical" y apuntó contra los empresarios denunciantes, a quienes adelantó que los denunciará por falso testimonio porque "declararon bajo distintos roles en diferentes juicios, contradiciéndose".

Además, el abogado defensor indicó que no utilizará el recurso de Casación, por lo que el juicio quedará confirmado, pero manifestó que reclamará ante la CIDH por considerar que "hay muchas cosas en el expediente que son escandalosas". "Es una causa arbitraria porque las pruebas existentes no permiten siquiera la imputación contra Medina", precisó. (DIB)