A la sucesión de fallos que vienen dejando en soledad al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, se sumó un golpe demoledor que confirma el aislamiento al que quedó sometido luego de ser promovido como titular del cuerpo.

Una Acordada del máximo tribunal resolvió que las decisiones administrativas, entre ellas las designaciones o renuncias de sus empleados o la renovación de contratos, se deben adoptar por una mayoría de tres de sus ministros, con lo cual recortaron las facultades al presidente.

La acordada lleva la firma de tres ministros de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, con la disidencia del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, mientras que la vicepresidenta, Elena Highton, no firmó ninguna de las dos.

En disidencia, Rosenkrantz recordó que el Congreso mantuvo expresamente en vigencia las facultades del titular del máximo tribunal en materia de ejecución presupuestaria, como de reestructuración del Presupuesto.

La Acordada que firmaron Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, expresa que las decisiones correspondientes al ejercicio de la Superintendencia se adoptarán "por mayoría de tres de sus miembros". Además, dispuso que la Corte designará, aceptará las renuncias de sus funcionarios y/o empleados por mayoría de tres de sus miembros e idéntico criterio adoptó para la renovación de los contratos de personal en la Corte y en los restantes tribunales del Poder Judicial. Asimismo, los tres ministros ratificaron la política presupuestaria, económica y financiera del cuerpo "basada en los criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esta Corte".

Por otra parte, decidieron mantener el Fondo Anticíclico de la Corte e impulsar otras alternativas similares a fin de "preservar la independencia del Poder Judicial". Y, dispusieron crear en el ámbito de cada vocalía de la Corte una Unidad de Asistencia Técnica de Coordinación que estará cargo, en cada caso, de un Director General, y deberá coordinaren su ámbito las políticas establecidas en esta Acordada. En tanto, Rosenkrantz señaló que deben entenderse que las normas "confieren facultades distintas al Presidente y al pleno del Tribunal". (Bae)