El Consejo de la Magistratura dio este jueves el primer paso en el inicio de un proceso de juicio político a un juez federal de Corrientes acusado de ser jefe de una asociación ilícita para el encubrimiento de narcotraficantes.

Se trata del juez federal Carlos Soto Dávila, quien este mediodía debía prestar declaración indagatoria en Comodoro Py ante el juez federal Sergio Torres, pero que finalmente fue pospuesta hasta el lunes próximo a pedido del acusado.

En el mismo expediente ya fueron detenidos dos de sus secretarios y cuatro abogados.

Los jueces gozan de inmunidad de arresto y, para ser detenidos, antes tienen que ser destituidos por el Consejo de la Magistratura, que es el órgano del Poder Judicial encargado de designar y, eventualmente, destituir magistrados por su mal desempeño.

Por eso, más allá de la causa judicial, el Consejo de la Magistratura intentó avanzar en el inicio de un proceso de juicio político, con la citación del juez bajo el artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es similar a una declaración indagatoria.

Dado que la decisión de la citación no cumplió los formalismos que requiere el cuerpo, porque no fue votada en la comisión de Disciplina y Acusación, apenas finalizado el plenario se convocó para el martes 18 de diciembre a esa comisión.

Pero, por los plazos que corren, Soto Dávila, de 70 años, recién declararía ante esta comisión del Consejo de la Magistratura en febrero próximo.

Nuevas autoridades

El cuerpo renovó además en la jornada de hoy sus autoridades eligiendo como presidente al juez Ricardo Recondo, y como vicepresidenta a la abogada Marina Sánchez Herrero.

Con este plenario se dio el inicio de una etapa en la que el oficialismo ha quedado más lejos de la mayoría absoluta necesaria para la selección de magistrados federales y nacionales y la sanción a los que incurran en mal desempeño.

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