El Gobierno nacional les prohibió a las cooperativas eléctricas de todo el país cobrar en sus facturas servicios ajenos a la distribución de energía, una medida que complica el funcionamiento de estas asociaciones con fuerte inserción en el interior bonaerense, y afecta de rebote a muchos intendentes bonaerenses.

La orden fue publicada en el Boletín Oficial, y dispone que en un plazo máximo de 30 días "las cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica deben facturar tal servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos ajenos".

La medida alcanza a todas las cooperativas del país, entre ellas a las 202 que funcionan en territorio bonaerense. En la actualidad, éstas incluyen en las facturas el cobro de otros servicios que prestan, en ocasiones supliendo tareas del Estado, como el caso de los sepelios o los traslados en ambulancia.

Sin embargo, la resolución publicada hoy rompe con esa modalidad, obligando a las cooperativas a cobrar por separado cada uno de los servicios. Pero además la medida afecta a muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, que utilizan las facturas eléctricas para cobrar tasas de servicios y otros cargos extra, aprovechando la alta tasa de cobrabilidad que poseen.

En rigor, en la provincia de Buenos Aires una medida similar comenzaría a correr el 1° de enero próximo, merced a la prórroga de una ley aprobada a mediados de este año, que obliga a todas las prestadoras a no incluir en la factura conceptos ajenos al servicio. Sin embargo, algunos intendentes, incluso del oficialismo, lo habían puesto en la mesa de negociación del Presupuesto para continuar utilizando el sistema. La medida nacional echa por tierra esos intentos.

Pedido presidencial

La medida había sido reclamada por el presidente Mauricio Macri, quien celebró la reforma a través de Twitter. "Es una medida importante para los usuarios. Antes de esta decisión podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía. Ahora van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional". Según explicó el mandatario, la resolución fue promovida por el pedido de un vecino de Luján durante un timbreo.

Tras esa queja, en el Gobierno derivaron la preocupación al Instituto Nacional de Asociativitismo y Economía Social (Inaes), la autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas, que finalmente emitió una resolución, previa consulta a la Procuración Nacional del Tesoro, la dependencia que se encarga de las cuestiones jurídicas más sensibles del Ejecutivo.

En su resolución, el Inaes estableció que "es conveniente entonces arbitrar mecanismos para asegurar que las cooperativas diferencien materialmente en su facturación todos los rubros o conceptos adicionales no vinculados directamente con el servicio público que brindan".

(DIB)