El ex fiscal de ejecución penal Oscar Hermelo (h) fue hallado sin vida el martes por la noche, con un disparo en la cabeza, en un auto Toyota estacionado en la Costanera de la ciudad de la Buenos Aires. Junto al cuerpo, la policía encontró un arma de fuego, lo que hace suponer que se trató de un suicidio. En el hallazgo se encontró documentación jurídica y una credencial del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En plena dictadura, entre 1976 y 1977, el abogado Hermelo trabajó en la Dirección de Talleres de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo las órdenes del represor Adolfo Scilingo, condenado por los vuelos de la muerte y preso en España. De manos del ex capitán condenado a 1084 años de prisión, el civil recibió una premiación por su ayuda a la Marina: una maqueta de un auto. Él aseguraba que había sido un simple empleado administrativo de la ESMA, que se encargaba de liquidar sueldos y pagar impuestos, al mismo tiempo que se desempeñaba como funcionario raso de tribunales. Pero víctimas del terrorismo de Estado acusaron a Hermelo ante la CONADEP de ser el "encargado de la compra y venta de los bienes saqueados a los secuestrados".

El cargo en la ESMA lo consiguió por recomendación de su padre, el ex juez de menores y camarista penal ya fallecido Oscar Hermelo, alias "Cosaco", a quien se lo señaló como entregador de decenas de menores robados a madres detenidas desaparecidas. Hermelo padre tuvo a su cargo la investigación por la masacre de la Puerta 12. Otras fuentes aseguran que su empleo de recién recibido lo obtuvo por los vínculos de su primo, Ricardo Hermelo, otro ex capitán de navío, con Armando Lambruschini, entonces jefe de la Armada. El ex fiscal también era nieto del contralmirante Ricardo Hermelo, ex titular de la Prefectura Naval y ex jefe de la Policía Federal, acusado y absuelto en la década del '30 de fusilar a grupos de trabajadores a pedido de empresarios y patrones.

Su pasado siempre transcurrió en una nebulosa -y detrás de un escritorio fiscal desde 1994- hasta que en 1998 el diario Página 12 y Clarín publicaron sendas investigaciones con rigurosos datos del CELS sobre el legajo de Hermelo. "Estaba encargado, junto con otros, de administrar el botín obtenido por los grupos de tareas en los secuestros", reveló el periódico de los Noble y Magnetto. Hermelo siempre negó su participación en los crímenes de lesa humanidad hasta que el arrepentido Scilingo confesó ante Horacio Verbitsky: "Trabajaba bajo mis órdenes y, aunque ahora lo niegue, él tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría allí".

Víctor Bazterra, un sobreviviente de la ESMA, aseguró ante la Justicia que el robo de los vehículos de las personas secuestradas pasaban a formar parte de los "vehículos operativos" del Grupo de Tareas o eran vendidos con documentación falsificada en la propia ESMA. Testigos revelaron que a Hermelo se lo conocía por tener una "agencia de autos" dentro de la Escuela de la Armada. También lo asociaron a la compra y venta de inmuebles. Su "nombre de guerra" era Vaca.

A pesar de las denuncias públicas y de un parsimonioso sumario interno de la Procuración, Hermelo mantuvo el trabajo de fiscal revisor de penas, pero ya no de Capital, sino en San Isidro. Allí, se expidió contra la liberación de Arquímedes Puccio, entre otros casos resonantes.

En diciembre de 2009, el juez federal Sergio Torres lo procesó por la aplicación de tormentos y el secuestro de 432 personas, que fueron alojadas ilegalmente en la ESMA. Torres lo acusó de colaborar con el grupo de tareas 3.3.2., donde cumplían funciones, entre otros, Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz, al proveer los vehículos para los secuestros. El fiscal Alejandro Alagia consideró probada su actuación en el centro clandestino de detención.

Recién en septiembre de 2010, tras un demoledor informe del ex procurador Esteban Righi a partir de una denuncia de Juan Cabandié, Hermelo dejó su cargo en la Justicia. En nueve años la causa por delitos de lesa humanidad avanzó poco y nada. Fuentes judiciales deslizaron que se avecinaba un posible descongelamiento de esas gravísimas acusaciones. Su esposa, Olga �ngela Calitri, es la actual presidenta de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, autora del inédito fallo que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, igual que los de lesa humanidad.