Ése es el ánimo, explica, que se adueña de la población migrante cuando invaden el discurso público expresiones xenófobas como las que salieron estas semanas de boca del ministro de Interior, Rogelio Frigerio y del jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes políticos de peso. Tras la sesión en Diputados por el Presupuesto que derivó en razzia policial, el Gobierno se dedicó a señalar a cuatro de los 27 detenidos ese día por su condición de extranjeros. La xenofobia habitual, que los vinculaba con la delincuencia, les ideó el nuevo mote de antidemocráticos. Jazmín, que conoce el paño -llegó a la Argentina desde Colombia- revela "un doble procedimiento: nos usan como cortina de humo, para legitimar el exceso en la represión, y como chivo expiatorio, porque alguien tiene que ser el culpable de la crisis económica y los medios y el poder siempre tienen a mano a los migrantes".

Lanzado a la cruzada de lograr la "deportación inmediata" de los cuatro extranjeros, el oficialismo dejó trascender su intención de sancionar una nueva ley de migraciones "más dura", para lo cual cuenta con el acuerdo de Pichetto. Esa voluntad fue confirmada más tarde por el propio Presidente. La norma vigente, la 25817, goza del consenso de las organizaciones migrantes y garantiza en su artículo 70 que sólo pueden ser deportadas personas con condena penal, y ofrece la posibilidad de apelar judicialmente el pedido de extradición. El Gobierno la modificó vía DNU, pero el decreto está trabado en la justicia y a la espera de un fallo definitivo de la Corte.

Lo que llamó la atención de las organizaciones, que rechazan de plano cualquier iniciativa en ese sentido, fue que el oficialismo pateó la discusión de una nueva norma para 2019, como se sabe un año electoral. "Está llegando al país la misma lógica de Trump y de varios países europeos como Hungría y Austria, y tememos que muchos actores políticos, principalmente el Gobierno, puedan caer en la tentación de utilizar la estigmatización migrante para la campaña electoral", advierte Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).

"Desde la época de la ley de residencia que no escuchábamos hablar de deportación en un discurso político", señala Liguori. La referencia, directa, es a la conferencia de prensa posterior a la represión del miércoles 23 de octubre. Con el presupuesto sancionado y los 27 detenidos ya liberados, Frigerio afirmó que el Gobierno exigiría un juicio abreviado para los cuatro extranjeros que cayeron en la redada a fin de lograr deportaciones "inmediatas". "Ni siquiera el DNU 70/27 con el que pretendieron modificar la ley tiene la facultad de hacerlo, es algo parecido a un discurso para la tribuna", aclaró la coordinadora de CAREF.

Datos oficiales de deportaciones

En efecto, el decreto en cuestión prevé plazos sumarísimos para la expulsión, pero aún otorga la posibilidad de apelación, por lo que los funcionarios del Gobierno sabían que no tendrían las herramientas a mano para lograr su objetivo. Según la Dirección Nacional de Migraciones, el Gobierno deportó en lo que va del año a 150 migrantes aplicando el artículo 70 de la ley vigente, un número muy elevado en comparación con otros años (en 2015, sin ir más lejos, sólo se registraron tres), pero muy lejos de los números que le gustaría mostrar a Cambiemos.

Para Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani, hay un antes y un después de la marcha contra el presupuesto. "Lo que sucedió estas semanas me hizo acordar a los dos minutos de odio de 1984, la novela de Orwell", grafica. "Una suerte de escarmiento público de los migrantes pero, esta vez, vinculados a la protesta social, como si se tratara de personas que no tienen ese derecho básico que tenemos todos los ciudadanos".

Migrar es un derecho

Penchaszadeh advierte que lo que empieza por los migrantes, terminará aplicándose sobre el resto de la población. "No sólo los migrantes, sino todos los que de alguna manera se manifiestan libremente en oposición al modelo económico están hoy bajo sospecha". En el fondo de los discursos que circularon estas semanas, la politóloga resalta la operación de la generación de un enemigo interno ante cuya amenaza el Gobierno ofrece una suerte de cuidado a la población, ya de por sí desprotegida por el ajuste.

Más que proponer una nueva ley, las organizaciones que nuclean a los migrantes llaman a defender la ley actual. Habrá una marcha hacia la Dirección Nacional de Migraciones, convocada para hoy y, el 22 de este mes, un vasto número de organizaciones de la sociedad civil e instituciones realizarán una jornada de defensa de la Ley de Migraciones en el Congreso de la Nación dirigida a diputados y senadores. (GdS)