El Ministerio de Planificación emitió un comunicado ante la información publicada hoy distintos medios, con relación a la resolución judicial emitida por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal, en una causa iniciada por la Asociación para la Defensa de la Competencia contra Estado Nacional respecto del caso Fibertel.

"Lo cierto es que la Justicia no ha cuestionado ni modificado la situación legal de la empresa Fibertel, que ha sido disuelta por propia voluntad en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 15 de enero de 2009, tal como sostiene y ha sostenido el Estado Nacional desde el principio, y que constituyó uno de los motivos principales para el dictado de la resolución 100/10, toda vez que la disuelta empresa Fibertel era la única titular de la licencia que el Estado otorga a los particulares para la prestación de los servicios de valor agregado, como lo fue en el presente caso."

Además el comunicado asegura que "en esta causa la justicia no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino que lo hizo en el limitado alcance cognoscitivo de una medida cautelar. Al día de hoy existen siete sentencias dictadas que resuelven el tema de fondo, todas rechazando las acciones iniciadas y dándole la razón al Estado Nacional. Ninguna de estas decisiones judiciales han sido comentadas por lo medios de prensa antes citados".

Por otro lado "debe destacarse que el fallo emitido ayer por los jueces Medina y Recondo ha introducido de oficio un novedoso planteo vinculado a la aplicación del marco regulatorio de las telecomunicaciones (Decreto Nacional 764/00) y al régimen de libre competencia, sosteniendo desde esa óptica que es necesaria la intervención de la secretaria de comercio interior -a cargo del licenciado Guillermo Moreno-, con atribuciones en materia de defensa de la competencia".

Finalmente el comunicado emitido por la cartera del ministro Julio De Vido advierte que "el Estado prepara la apelación contra esta medida, contra este novedoso argumento asumido por este tribunal de justicia, que aporta un nuevo marco de incertidumbre sobre la vigencia y aplicación de las normas, y que deriva finalmente en un alto grado de inseguridad jurídica para los usuarios del servicio, los actuales y los nuevos, que decidan a partir de esta decisión judicial contratar nuevos servicios de acceso a internet, todo ello cuando la discusión legal de fondo aún no ha concluido".