Martín Yeza, el intendente de Pinamar, no se presentó en el Concejo Deliberante y en su lugar envió a Guillermo Benítez, su secretario de Gobierno. El jefe comunal fue llamado a dar explicaciones tras una denuncia penal en su contra por irregularidad en el área de Fiscalización de la venta en playas, debido al funcionamiento de dos "chiringos", pequeños puestos gastronómicos de comida rápida de Cariló.

"Fue a justificar algo que a nuestro entender es injustificable porque con varios hechos demostramos que no sólo había una cuestión irregular, sino también un contacto entre los infractores y los funcionarios. Constantemente se agarró de las cuestiones legales como, por ejemplo, que Demi Ford S.A es una persona jurídica y no física, por lo que el apoderado no tiene una relación directa con la empresa", aseguró a Lanotica1.com Guillermo Migliorini, concejal del bloque Propin.

Según el edil, las acusaciones "fueron conocidas el pasado 6 de febrero, cuando un vecino les avisó que había dos chiringos ilegales". "Cuando vamos a visitarlos, estaban pegados a la pasarela de accesos de Cariló y cuando le preguntamos por los encargados, nos dijeron que unos estaban en un espacio privado llamado 'Puerto Pirata' y otro frente al Hotel Marcin, pero en un espacio público", señaló.

Además, el concejal explicó que Benitez "avaló que el director de Fiscalización continúe en su cargo después de todas las pruebas mostradas".

"Siguen avalando a un funcionario que nos deja dudas, y a quién le hicimos una causa judicial en un momento descubrimos relaciones de parentesco y amistad. Fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que la denuncia tendríamos que haberla hecho antes, pero para nosotros hasta ese momento solo era un mal accionar del Ejecutivo con un chiringo que no tenía que ver con nadie. Pero cuando empieza la relación con los funcionarios, ahí si vemos un posible incumplimiento con el deber poder público", apuntó.

El caso de los dos chiringos

"El de Puerto Pirata nos contó que le pidieron que se pase a un espacio publico y que ya arregló con Manrique (por entonces el subsecretario de Inspecciones Generales de Pinamar), mientras que el otro chiringo nos dijo 'yo trabajé la temporada anterior, no tuve problemas y ustedes lo hacen por una cuestión política', donde había dos empleados y no tenían certificados de habilitación ningún contrato dermatológico", explicó Migliorini. 

Tras asegurar que los puestos aún funcionaban para el 26 de febrero y que "no tenían ninguna faja de seguridad de clausura", precisó a este a este medio que se llamó a Pablo Bertozzi, director de Fiscalización, quien declaró que "Puerto Pirata tenía las habilitaciones y no corresponde por eso que le cobren una multa".

 

Estas declaraciones, a su vez, se contradicen con lo sostenido por Claudia Cassetti, la directora del área de Habilitación de Pinamar, quien alegó que "no tenía habilitación" y que "ese informe databa del 2016, donde en uno de esos puntos le solicita a Fiscalización que verifique si estaban funcionando". 

"Ese expediente duerme hasta el 2018, en la Secretaría de Hacienda. Es decir, se dejó trabajar tranquilamente ese lugar. Allí nos dimos cuenta de que había 'relaciones' porque el apoderado de Demi Ford S.A, una empresa uruguaya con sede en Capital Federal, era Marcelo Manrique, padre del subsecretario de Inspecciones Generales".

Y agregó: "En el otro caso, empezamos a investigar a través de redes sociales de Matías Astrada y nos dimos cuenta de que tenía fotos donde comían asados con el director de Fiscalización y a su vez estaba en una imagen del cierre de campaña, en la sede de Cambiemos al lado de Guillermo Benitez y Bertozzi. Entonces no pueden decirme que no los conocían y que no tenían un chiringo ilegal". 

Por esa acusación dejó su cargo el subsecretario de Inspecciones Generales de Pinamar, Sebastián Manrique, tras aparecer sospechado junto al director de Fiscalización, Pablo Bertozzi, ante la acusación por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público" a partir de que se detectaran irregularidades.(Lanoticia1)