El gobernador jujeño, Gerardo Morales, se mostró esta mañana "sorprendido" por un nuevo aumento en las tarifas de gas, afirmó que en la coalición Cambiemos habían acordado que no habría nuevas subas y dejó en claro que "no comparte" el cobro de un retroactivo a los usuarios.

"Sobre el tema tarifas habíamos hablado otras cosa. Yo recién me entero de esto", enfatizó Morales, quien subrayó: "No comparto este tema porque ya las boletas, las factura han venido muy elevadas".

En declaraciones a la radio La 990 se quejó de que "este tema ni lo hablamos" al interior de la coalición Cambiemos y reclamó "no seguir impactando en la clase media, la media baja y la baja".

La semana pasada el secretario de Energía, Javier Iguacel, decidió, a través de la Resolución 20/2018, que los consumidores deben pagar en 24 cuotas y con retroactividad al 1 de abril un extra a las empresas energéticas que producen gas por el impacto de la megadevaluación en esas compañías.

En medio de una fuerte polémica, el funcionario dijo que el aumento "extra" que deberán afrontar los usuarios en el gas "no es una compensación", mientras culpó a la oposición por brindar "desinformación" y querer "asustar a la gente". Pero la oposición considera que esta decisión es "una estafa" para los usuarios, que en paralelo deberán afrontar un incremento del 34,5% de la tarifa desde el 1 de octubre, según autorizó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Para el 70% de los hogares el aumento es superior al 50%, principalmente en la Patagonia y otras regiones muy frías, aunque hay disparidad en todo el país. La suba que rige desde el martes afecta más a los residenciales que menos consumen y a los pequeños establecimientos como restaurantes y panaderías.

En Córdoba se prevé un incremento del 127% para los usuarios de la categoría R1 y R2-1 y de hasta 115% para los consumidores R2-2 y R2-3. En Tucumán, el tarifazo rondará 51%, similar a Santa Fe, donde se espera un ajuste promedia del 49%. En Mendoza, las facturas llegarán con aumentos de 127% para los hogares R1 y R2. En La Plata, Camuzzi Gas Pampeana tiene en carpeta elevar el costo del gas 72%. En Entre Ríos, donde Gasnea brinda el servicio, también se aguarda 72%. Hasta en la ciudad de Buenos Aires será mayor al "promedio" que dijo Iguacel: a la categoría R23 le espera una suba de 54%.

En este marco, los bloques del Frente para la Victoria, que lidera Agustín Rossi; el Frente Renovador, que preside Graciela Camaño; y el Bloque Justicialista, que conduce Pablo Kosiner presentarán en las próximas horas proyectos de derogación de la Resolución 20 de Iguacel.

En Jujuy, la titular de Proconsumer provincial, Claudia González, aseguró que la tarifa puede llegar a venir con una suba de 40%. Además, se quejó por la falta de información detallada del impacto de la medida y por el precio de las garrafas. "Es imposible encontrarlas a $ 225", dijo.

En la provincia norteña el consumo promedio para el "Periodo 1" alcanza los 92 metros cúbicos; para el segundo los 91 m3; para el tercero, unos 149 m3; en el 4°, unos 167 m3; en el quinto llega a 105 m3 y en el último periodo el consumo promedio fue de 95 metros cúbicos. Por la quita de beneficios y descuentos para quienes consumían menos y los beneficiarios de la tarifas social, que en Jujuy llegan a 18.799, desde este mes recibirán descuento de 100% hasta el consumo de 165 m3, límite que una vez cruzado deberán abonar el valor total de lo consumidor, cuando antes solo abonaban el 75%.

Al mismo tiempo, los jujeños también deberán pagar el "cargo extra" para las empresas. Sin embargo, trascendió que al menos 30 asociaciones de defensa del consumidor presentarán un recurso de amparo ante la Justicia para impugnar la disposición.

La presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati, denunció que la "situación" de muchas familias es "desesperante". "Si la gente ya no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral. Esto no solo afecta a los más vulnerables sino también a los de clase media", cuestionó Bienati, según reprodujo El Tribuno.

"Los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno a través de los impuestos", agregó la defensora de consumidores.