En el tercer día del acampe de la CTA Autónoma y ATE frente al Congreso de la Nación, se sumaron más voces de trabajadores, organizaciones sociales y legisladores, en rechazo al Presupuesto del Gobierno nacional, y por políticas que garanticen el trabajo, la producción y soberanía.

Por la mañana, en la charla sobre el impacto del Presupuesto 2019 en las provincias participaron legisladores provinciales y nacionales de distintos distritos. En la apertura, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general adjunto de la CTA-A y titular de ATE, advirtió: "Quienes voten con la mano o con la abstención este Presupuesto del FMI, serán cómplices de un plan criminal sobre el cuerpo social y económico de los argentinos, que se descargará sobre las provincias". Y a los gobernadores les dijo: "Les pedimos que no se equivoquen".

Por la tarde, trabajadores jubilados y activos, dirigentes y legisladores abordaron la problemática de la seguridad social. Debatieron sobre la situación crítica que atraviesan organismos como ANSES, PAMI y la ex Comisión Nacional de Pensiones, sus trabajadores y usuarios.

Más tarde, trabajadores de los organismos estatales vinculados a la producción denunciaron cómo el Presupuesto profundiza el vaciamiento y la desinversión. A su vez, explicaron cómo afecta la transferencia de recursos del Estado al sector privado trasnacional, por ejemplo, con la venta de productos a empresas extranjeras a precios más bajos que en el mercado mundial, como el caso del sector químico de Fabricaciones Militares de Río Tercero. También apuntaron al retiro del Estado de funciones de control en cuestiones sensibles. En INTI, por ejemplo, informaron que las pilas para marcapasos, que antes tenían su monitoreo, hoy para entrar al país solo requieren una declaración jurada en la que las empresas dicen que no tienen tóxicos. Ese organismo sufrirá un recorte presupuestario del 10%, pero en áreas como infraestructura e insumos el achique llega al 97%.

La jornada cerró con un abrazo al Congreso y una marcha de antorchas encabezada por los trabajadores mineros de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, de Santa Cruz, que entre otras cuestiones, exigen la reactivación de la Usina de 240 megavatios, capaz de procesar el carbón y abastecer de energía a cuatro provincias.