23-04-2024
22-09-2018 | sistema penal bonaerense
El rol de la Defensa P煤blica en la provincia de Buenos Aires requiere "autonom铆a e independencia institucional"
El CELS y la Comisi贸n Provincial por la Memoria presentamos un pedido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que resuelva la constitucionalidad de la Ley 14.442 de Autonom铆a de la Defensa P煤blica, que fue trabada mediante un recurso por la ex procuradora Falbo.
Desde 2013, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires debe resolver un pedido de inconstitucionalidad de la ley que crea la figura de Defensor/a General, y que busca fortalecer el trabajo de defensores p煤blicos.

El 19 de septiembre el CELS y la Comisi贸n Provincial por la Memoria presentamos un pedido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que resuelva la constitucionalidad de la Ley 14.442 de Autonom铆a de la Defensa P煤blica.

El 26 de febrero de 2013, la Legislatura bonaerense sancion贸 una ley que modificaba la estructura de la Procuraci贸n General de la Provincia para dar mayor independencia al Ministerio P煤blico de la Defensa y as铆 fortalecer su trabajo. La Defensa P煤blica provincial depende de la Procuraci贸n, que tambi茅n es la m谩xima autoridad de los fiscales. En general ocurre que quien est谩 a cargo de la Procuraci贸n privilegia las directivas de pol铆tica criminal para fiscales y debilita el accionar de la defensa p煤blica. La ley 14.442 establec铆a la creaci贸n del cargo de Defensor/a General, que orientar铆a la pol铆tica de defensa provincial y generar铆a herramientas y estrategias espec铆ficas para desarrollar ese rol de manera m谩s eficaz.

Antes de que entrara en vigencia, Mar铆a del Carmen Falbo, la procuradora en ese momento, interpuso una acci贸n de inconstitucionalidad ante el m谩ximo tribunal de la provincia y pidi贸 que se proh铆ba la implementaci贸n de la Ley 14.442 hasta que la Suprema Corte resolviera su pedido. La Corte rechaz贸 la cautelar, orden贸 que la procuradora siga a cargo de las cuestiones administrativas de la defensa p煤blica, pero no se pronunci贸 sobre el pedido de inconstitucionalidad ni sobre la implementaci贸n de la ley. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las autoridades a cargo de la Procuraci贸n General, ni en la gesti贸n anterior ni en la actual, avanzaron en su puesta en pr谩ctica.

El Comit茅 de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya recomend贸 en su 5潞 Informe sobre la Argentina, que el Estado "debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que la Defensa P煤blica Federal y las Provinciales dispongan de los recursos necesarios, as铆 como autonom铆a funcional y presupuestaria respecto a otros 贸rganos del Estado, para poder desempe帽ar sus funciones eficazmente". Asimismo, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos remarc贸 que se debe garantizar "la independencia institucional de las Defensor铆as P煤blicas" para evitar "los riesgos que produce su adscripci贸n a otro poder u 贸rgano de la administraci贸n de justicia", como ocurre en este caso.

En un contexto de crisis humanitaria del sistema penal de encierro, por la situaci贸n de sobrepoblaci贸n y hacinamiento que viven las personas detenidas en c谩rceles y comisar铆as de la provincia, es necesario que exista una defensa p煤blica aut贸noma y fuerte. El aumento constante en la cantidad de personas detenidas en la provincia, en su mayor铆a sin sentencia de condena firme y algunas de ellas por delitos menores, requiere de una defensa p煤blica que pueda resistir el encarcelamiento masivo y genere medidas de protecci贸n ante la violaci贸n de los derechos humanos.