Bajo el expediente 2483/17-18, el ejecutivo provincial ingresó el día jueves 13 de setiembre en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que - según su autora, la gobernadora María Eugenia Vidal - se ordena declarar a la educación como un servicio esencial. El proyecto consta de tan solo cuatro artículos donde solo el primero y el segundo son los más conflictivos. Detallamos.

El artículo 1º del proyecto comienza su redacción con la sustitución del artículo 2º de la ley 13688, la ley provincial de educación que incorpora por primera vez en la historia del corpus legístico, el concepto de la educación como derecho y la obligación del Estado de garantizarlo, por una reducción que - ya desde el segundo párrafo - demuestra el auténtico interés del proyecto de ley. La sustitución subraya que: "En caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva o que tengan su origen en la relación laboral entre las partes deberán mantenerse los siguientes servicios mínimos mientras dure el conflicto (…): a) el funcionamiento de los comedores; b) el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio en cada jurisdicción; c) el mantenimiento de las escuelas abiertas con una guarda mínima para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad (…) el Poder Ejecutivo queda facultado para adoptar las medidas tendientes a garantizar dicha prestación".

Este proyecto es portador de una lógica de patronazgo al mejor estilo colonial. El eje transversal consiste en el disciplinamiento de los trabajadores de la educación en sus justos reclamos que este gobierno desoye en forma sistemática. Se trata de una forma eufemística de someter a los educadores al látigo del poder.

El proyecto de ley avanza sobre la ley 13522/11 la ley de Negociaciones Colectivas. El artículo 2º del proyecto de la gobernadora Vidal no da vueltas: deroga el artículo 18 de la ley 13522. ¿Qué dice el artículo 18 de la ley 13522? Dice que: "En ningún caso la educación podrá ser considerada como servicio esencial en los términos del artículo 24 de la ley 25.877, ni a los efectos de restringir el derecho de huelga". La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis sostiene: "Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga."

La declaración de servicio esencial no es otra cosa que una artimaña del poder para ejercer su violencia. Según la ley 25877/04: "Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo (…) a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población" (artículo 24). ¿Qué tiene la educación que poner en riesgo la vida de quién sino la de los mismos niños y educadores en escuelas inseguras como las de Moreno y las de casi todo el territorio bonaerense? ¿No debería haberse ocupado la gobernadora de revisar las leyes que establecen la necesidad de inversión en infraestructura educativa? ¿No sabe acaso la gobernadora, que el día jueves 13 de setiembre, su espacio político al que ella representa, debería haber bajado al recinto del Congreso Nacional para tratar el presupuesto que afecta a su provincia? ¿Defiende la gobernadora Vidal la educación pública de su provincia? ¿Se olvida la gobernadora que su función no es amputar derechos sino custodiarlos e incrementarlos? ¿Acaso no consiste la misión de gobernar en solucionar conflictos en vez de agudizarlos? ¿Cómo va a resolver el conflicto docente? ¿Con este proyecto que coarta derechos constitucionales de los trabajadores?

Durante todo el año 2017 hubo solo un acuerdo en la mesa de negociaciones salariales que terminó pautando un incremento salarial del 21,8% que terminó perdiendo contra la inflación de ese mismo año en 3% (INDEC, 2017: inflación anual del 24,8%).

Durante el año 2018 las paritarias vienen siendo una novela continuada basada en el ataque oficial a los trabajadores de la educación de la educación pública. Se concertaron diecinueve reuniones con diez propuestas salariales. Todas muy por debajo de la escalada inflacionaria. La última propuesta realizada el 23 de agosto fue del 16,9% contra el entonces 32% de inflación, hoy ya superada ampliamente según todas las consultoras, incluidas las más cercanas al oficialismo que la estiman en 42% los más optimistas cuando se computen las devaluaciones sucesivas del peso por el traslado a precios de la suba del dólar que ya ha acumulado un incremento del 127% desde diciembre de 2017 hasta hoy.

¿Qué significa entonces que la gobernadora Vidal proponga este proyecto de ley? ¿En qué contexto lo presenta? Repasemos.

El 2 de agosto, en la localidad de Moreno, mueren dos trabajadores de la educación: Sandra Calamano, vicedirectora de la escuela primaria 49 y uno de sus auxiliares, Rubén Rodríguez, como resultado de la desidia del gobierno provincial en materia de infraestructura escolar. El crimen estatal de estos mártires de la educación pública, podría haber resultado en un escándalo con consecuencias impredecibles si no fuera porque sucedió 15 minutos antes del ingreso de los 400 niños a la escuela.

Desde entonces, 284 escuelas de la localidad de Moreno junto a otras 599 escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires que aún permanecen cerradas por fallas edilicias estructurales.El gobierno provincial parece abandonarlas a su suerte sin importarle "…que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad…" tal como aduce la gobernadora en su proyecto de ley.

Por otro lado, el proyecto desconoce que en las escuelas de la provincia, los directivos jamás cierran los comedores escolares en momentos de conflicto. Si hay un actor social sostenedor de las consecuencias de la miseria a la que este gobierno empuja a los niños de la provincia, ese es el docente.

Resulta de un total y aberrante cinismo que la gobernadora impulse este proyecto este miércoles 12 de setiembre cuandohace poco más de un mes, en la localidad de Moreno donde voló 50 metros la vicedirectora de la escuela primaria 49, la maestra Corina De Bonis fue secuestrada, brutalmente golpeada, torturada mediante encapuchamiento y vejada en su abdomen con una leyenda macabra: "Ollas no" a lo que se sumó la advertencia de "el que avisa no traiciona" y que "la próxima olla deberían hacerla en el cementerio".

Llama la atención la impunidad con que los nuevos "grupos de tareas" se desempeñan en el territorio provincial con la vista gorda del gobierno provincial, lo cual hace pensar ciertamente que están legitimados por el mismo gobierno.No es exagerado afirmar que estamos en presencia de una renovación de las tristemente conocidas acciones de la dictadura militar.

En la legitimación discursiva hay que incorporar el decreto manifiesto en el Boletín Oficial el pasado miércoles 12 de setiembre bajo el número 1605 en donde se ajusta el presupuesto educativo reasignando partidas a Gendarmería Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación. Las tizas financiarán las balas.

El proyecto de ley ingresa de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Mosca, imputado junto a Gladys González, por desvíos de fondos públicos a cuentas en Suiza a nombre del legislador, denuncia radicada en el juzgado de Garantías N° 10 de Avellaneda y que son investigadas por el fiscal general Guillermo Castro, a cargo de la UFI nº 4 de dicha ciudad, justo un día después del secuestro y tortura de la docente. ¿No es llamativo?

Resulta del todo evidente que el proyecto de la gobernadora Vidal solo esconde una única intención: la de profundizar el enfrentamiento con los docentes usando como escudo a los niños y a sus padres bajo un discurso que apunta al cercenamiento de los derechos de los trabajadores que están tutelados en la Constitución Nacional y Provincial.No se dirige a otra cosa que a la deslegitimación de la educación pública que achique su presupuesto - tal como lo indica el FMI - en el marco de un creciente contexto de violencia institucional que se acerca cada día más a los años de plomo de la Argentina.

Antonio "Tony" Nicolau. Exclusivo para Cadena BA. 16/09/2018

Docente, Profesor, Magíster en Educación de la Universidad Nacional de La Plata.