En agosto de 2016, Carlos Rosenkrantz juró como juez de la Corte Suprema y fue el último miembro en incorporarse al máximo órgano de Justicia, luego de que una semana antes hiciera lo propio Horacio Rosatti.

Propuesto por el presidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir su mandato y avalado por el Senado, Rosenkrantz llegó para completar la Corte luego de las vacantes que dejaron Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt.

El nuevo presidente de la Corte Suprema tiene en su haber la representación, en tanto abogado, de grandes corporaciones y empresas, lo que le valió las críticas de buena parte de la oposición al momento de asumir como miembro.

Abogado egresado de la UBA y con un magister y un doctorado en Derecho (ambos títulos de la Universidad de Yale), fue profesor en varias universidades estadounidenses, en España y en la UBA.

Fue autor y coautor de numerosos libros y artículos tanto en el país como en el exterior. En 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y se desempeñó como asesor del "Programa para la Justicia" del Banco Mundial.

Antes de que se trate su pliego para ingresar a la Corte, Rosenkrantz tuvo que hacer público el listado de clientes de su estudio, enfrentándose a la posibilidad de que surja un conflicto de intereses en caso de que llegue algún expediente para tratar en el máximo tribunal.

Uno de sus clientes más conocidos es sin dudas el Grupo Clarín, al que representó en la audiencia pública por la Ley de Medios, pero también litigó a favor de Cablevisión, YPF, Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural (en cuya causa ya intervino la Corte), Carbap, McDonald's, y las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo. También representó a Panamerican Energy y Central Térmica Patagónica SA. Bouzat, Rosenkrantz y Asociados declaró haber asesorado a los Fondos de inversión GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus.

Rosenkrantz litigó además contra el Estado cuando fue patrocinante de la provincia de Santa Fe, y logró que la Corte de tres miembros le reconociese la validez del reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Ocurrió días antes de que fuese propuesto para el máximo tribunal.