El destino de la ley de extinción de dominio permanece incierto. Cambiemos, el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente para la Victoria-PJ firmaron este último martes dictámenes separados y seguirán negociando para llegar a un recinto con un acuerdo que garantice una mayoría agravada de votos.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico retomaron el debate, pero el oficialismo y los dos principales bloques de la oposición no arribaron a un consenso para lograr un dictamen único, a pesar de que el peronismo realizó algunas concesiones en su proyecto original.

"Ha habido un esfuerzo unilateral para contemplar los intereses de los autores de todos los proyectos", indicó el peronista Rodolfo Urtubey, al detallar las "mejoras" introducidas en su iniciativa, que coloca a la extinción de dominio dentro del proceso penal.

Así, el bloque Justicialista incorporó la extinción de dominio anticipada -algo que "ya existe en el decomiso"- para casos de delitos cometidos en flagrancia, fuga o rebeldía del acusado. También, a pedido del kirchnerismo, a los delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico se sumaron los delitos contra el orden económico y financiero.

Otro cambio importante que concedió el peronismo es que la acción de extinción de dominio esté en cabeza de los fiscales y no del Procurador del Tesoro, por tratarse de un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo.

Pero esta nueva redacción tampoco conformó a Cambiemos. "No estamos de acuerdo. El proceso tiene que ser más expeditivo", sentenció el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, autor de un proyecto que enmarca la extinción de dominio dentro del fuero civil y paralelamente al proceso penal -es decir, con sentencias independientes.

En este sentido, Pinedo consideró que "el imputado o tenedor del bien tiene que demostrar la legitimidad de la posesión de ese dominio", pero Miguel Pichetto, jefe del bloque Justicialista, le salió al cruce: "No estoy de acuerdo con la inversión de la carga de la prueba, que hoy solo existe para el delito de enriquecimiento ilícito".

El rionegrino sostuvo que el proyecto de su bancada regula "un procedimiento de alta razonabilidad" y apuntó a "la dictadura de las redes (sociales), que intenta liquidar la representación de este Parlamento". "Hay que hacer normas que garanticen el debido proceso", se defendió Pichetto.

Otro integrante de ese bloque, José Mayans, remarcó la necesidad de llegar a un texto unificado. "El problema ya no es este proyecto, sino que Diputados va a fijar su proyecto, y no recuerdo un solo especialista que lo haya defendido. Si hoy no llegamos a un acuerdo, sigamos trabajando en el tema", pidió el formoseño.

El kirchnerismo, en tanto, firmó su propio dictamen. La senadora María de los Ángeles Sacnun reclamó incorporar a "los corruptores", pero Urtubey explicó que tácitamente los delitos ya tienen su parte "activa" y "pasiva".