Sé que lo coyuntural es cruel y debe mandar. Pero también hay que ocuparse de lo estructural, porque lo coyuntural es su consecuencia. 

En lo político, uno tiene el derecho y el deber de promover una militancia territorial que atienda a la coyuntura, pero también una militancia temática, es decir, reflexionar, publicar y motorizar cuestiones estructurales más o menos complejas. Los que se quedan con una sola forma de militancia y desprecian la otra, están desperdiciando la mitad de su potencia.

Cuando todas y todos decimos estar a favor de la democracia, suponemos que  todas y todos decimos lo mismo, que la concepción democrática es una sola: la que hemos naturalizado sin historizar, sin problematizar, la que el "sentido común" nos indica, como lo hacemos con casi todo en la vida. Estamos hablando, por supuesto, del sistema que conocemos como democracia representativa (o democracia liberal o democracia burguesa, como quieran llamarla). Este sistema se impuso en el siglo 19 y podríamos decir que para aquellos tiempos era lo más acorde, o, por lo menos, lo más conveniente.

Allá lejos y hace tiempo

A mediados del siglo 19, socialistas y liberales sostenían que la democracia era incompatible con la economía capitalista. Karl Marx y John Stuart Mill, por ejemplo, coincidieron en ello, aunque propusieron soluciones antagónicas entre sí. El asunto fue resuelto en la línea del segundo. Los liberales (brazo político-ideológico de la burguesía), consolidaron, durante la segunda mitad del mismo siglo, a los Estados-Nación y a la representación política (vía República o vía Monarquía), bautizando a esta última como "democracia representativa", con lo que se hicieron cargo de aquella incompatibilidad, pero camuflándola.

Se completó de ese modo el complejo institucional que necesitaba el "concierto capitalista" (ver "El juego de las reglas"), que no es sólo dominación económica. Ese complejo institucional fue ideado y materializado como constitución y soporte de: a) un orden jurídico que legaliza el control oligopólico de la economía; b) una organización política que subordina las necesidades y expectativas del pueblo a los intereses de ese oligopolio; y c) un sentido común estructurado para naturalizar aquel control y esta subordinación. Hoy ese complejo institucional, llamado democrático, sigue siendo hegemónico en el orden nacional y también en el orden internacional.

Surge, desde entonces, la realidad de que no hay democracia, sino representación (ver "Una lectura de la historia"). Es cierto que esta representación puede albergar contenidos democráticos, que hasta pueden ser dominantes, pero eso depende de la organización política que acceda al gobierno del Estado. Lo que implica también que puede albergar contenidos oligárquicos y autoritarios, que hasta pueden ser, también, dominantes (Ver "El poder oligárquico").

Se intentó avanzar sobre aquel triunfo liberal con algunas revoluciones socialistas  y algunos experimentos nazi-fascistas, pero casi todo eso se ha esfumado, aunque persisten como "sentimientos". El Estado de Bienestar Keynesiano emergió entonces para proteger el sistema original (economía capitalista con representación política). Pero no ha habido ninguna innovación estructural en lo jurídico-político, ni mucho menos en lo económico.

Y, por estas tierras, algo singular: el llamado socialismo del siglo 21 (Venezuela, Ecuador, Bolivia), que floreció intentando superar el fallido intento que lideró Salvador Allende en Chile, pero que, a pesar de sus reformas constitucionales, no logró estructurar convivencia con la democracia representativa, lo que también viene a significar que no ha podido imponerse ideológicamente. Sólo queda Bolivia batallando ese proyecto, pero no sabemos por cuánto tiempo más.

Un nuevo horizonte

Una alternativa que tenemos a mano, aunque como proyecto político de mediano plazo, por lo menos, es la llamada democracia participativa: si cualquier política estatal condiciona, directa o indirectamente, la calidad de vida individual y colectiva del pueblo, la intervención popular en políticas de Estado debe ser el primer principio de un régimen democrático, pues ello encarna el reconocimiento de la igualdad política y del consecuente derecho de toda persona de poder intervenir e influir en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana.

En cualquier política participativa ponemos en juego la progresiva superación del individualismo, la fragmentación social y la desafección colectiva por la cosa pública, hoy dominantes en la sociedad, lo que, a su vez, podrá orientar una trayectoria de reducción considerable de los márgenes de discrecionalidad política y económica de las autoridades formalmente constituidas y de quienes pretenden serlo.

Pero no hay que idealizar: también creamos un teatro de operaciones políticas, que puede ser ganado por "aparatos" partidarios con el único fin de legitimar o erosionar socialmente al gobierno de turno. Allí reside su debilidad. Para transformar esa debilidad en fortaleza hay una sola condición: la intervención popular. Sin pueblo, no hay política: sólo dominación.

Porque cualquier política participativa conmueve el núcleo fundamental de cualquier organización: quién toma las decisiones y cómo lo hace. Se trata de una redistribución del poder político, que tiene los mismos efectos, en sus actores, que tiene cualquier proyecto de redistribución del poder económico.

En síntesis: política e ideológicamente, permanecemos anclados al siglo 19, pero aún estamos a tiempo de avanzar hacia el siglo 21, si es que somos capaces de construir un puente sobre el siglo 20. 

(*) Carlos Sortino exclusivo para Cadena BA. 4/08/2018