La ONG Transparencia Internacional identificó a los "responsables" de las campañas electorales con aportantes truchos: los partidos. Según dijo la directora de la ONG especializada en análisis de fondos electorales, Delia Ferreira Rubio, el escándalo con Cambiemos es "preocupante" porque la maniobra fue una "clara" violación a la Ley de Financiamiento Político. "Allí se establece que no se pueden recibir aportes anónimos y que los partidos tienen la obligación de reportar el origen de los fondos individualizando cada uno de los donantes", sostuvo.

"En el caso de la campaña en la provincia de Buenos Aires se ha adjuntado una lista de nombres que han resultado no ser los verdaderos aportantes, sino unos donantes fachada para tapar el origen del dinero que se utilizó", describió.

En la actualidad se tramitan tres causas distintas por los falsos donantes. Una investigación se lleva en el marco de la justicia penal con competencia electoral de La Plata, en el Juzgado N° 2 del juez Adolfo Gabino Ziulu y con participación del fiscal Jorge Di Lello. Las otras dos se canalizan por el fuero penal federal, con intervenciones de los jueces Sebastián Casanello y el platense Ernesto Kreplak. Para Ferreira, en las tres pesquisas hay una coincidencia. "No hay respuestas sólidas por parte de los responsables, que no son las administraciones o los contadores, sino los partidos (políticos)", enfatizó, al minimizar la salida de la contadora María Fernanda Inza de la administración bonaerense.

Pero el agravante, según la jefa de TI, en este escándalo se agrega un "elemento nuevo", que no es común a otras denuncias por aportantes truchos. "El presunto acceso a las bases de datos personales que deben estar resguardados por las autoridades competentes como el ANSeS o el ministerio de Desarrollo Social. El problema sería la violación del secreto de la base de datos para el uso de esas identidades", subrayó Ferreira.

"Casos de aportantes truchos ha habido desde que la ley exige que se reporte, pero no sistemáticamente correspondiendo a una categoría de personas que reciben subsidios, como en este caso", agregó en diálogo con Futurock.

Pero además de las presuntas irregularidades en la campaña que lideraron María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Gladys González en Provincia, ahora se puso el acento en los aportes recibidos por Cambiemos en la CABA. "Se descubre que hay una concordancia entre un listado de empleados de la Ciudad, que habían recibido una asignación extra por su trabajo, y un listado de donantes con exactamente el mismo número de dinero que había recibido cada empleado", alertó la experta.

"Si eso se comprueba, hay un abuso de fondos públicos con fines proselitistas y una malversación de fondos públicos en términos del Código Penal", advirtió.

"Durante años venimos pidiendo que se fortalezca el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral. Con siete auditores no se puede controlar el financiamiento de todas las campañas. Para poder acceder a la base de datos para hacer el chequeo es indispensable poder cruzar la información con algo", se quejó la abogada y consultora.

En esta línea, Ferreira rechazó los argumentos de los dirigentes del PRO, que aseguran que estos casos se producen por errores en la ley. "Lo que ha sucedido con los aportantes truchos no tiene nada que ver con falencias de la ley, que es absolutamente clara: prohíbe el anonimato de las donaciones y obliga a especificar el origen de los fondos"

"Uno de los puntos que el Gobierno presenta como modo de corregir lo que ha sucedido es el tema de la bancarización de los aportes. La ley actual dice que se permite que los aportes se hagan por transferencias bancarias y también en efectivo. Ahora, eso no quiere decir que no se deba reportar cuál es el origen. Se debe entregar un recibo", aclaró.

"El aporte de las empresas ha estado autorizado en la ley hasta el 2009. A partir de ahí, se les prohibía el aporte a las campañas pero se les permitía para el financiamiento ordinario de los partidos. Se unificaron las cuentas: ya no hay una cuenta por campaña, sino una total", añadió.

Al explicar cómo es el financiamiento de partidos en otros países, la directora de Transparencia explicó: "En el mundo entero ha habido una tendencia a tratar de solucionar el tema de las capturas de las decisiones políticas por parte de grupos empresarios prohibiendo totalmente los aportes de empresas. Esa prohibición lo único que hace es complicar la transparencia en cuanto al origen de los fondos".

"Lo que hace la ley ahora con el proyecto del Poder Ejecutivo es volver a autorizar el financiamiento de las personas jurídicas, no sólo al financiamiento originario, sino también a las campañas con un límite del 2% sobre los gastos autorizados de campaña. O sea, todos en igualdad de condiciones", remarcó.