Como coletazo de las denuncias sobre aportantes truchos a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que ingresará en las próximas horas a la Cámara de Diputados y que plantea la bancarización de los aportes, la legalización de las contribuciones de empresas -con un tope- y mayores controles para evitar lavado de dinero.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la quinta de Olivos. El texto se venía trabajando en la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que dirige Adrián Pérez, y promete ser uno de los grandes debates del segundo semestre en el Congreso.

El proyecto plantea "modificaciones sustanciales" a la Ley 26.215, además de cambios puntuales al Código Nacional Electoral y a la Ley Orgánica de la Justicia Nacional Electoral. Uno de los aspectos principales tiene que ver con la bancarización del régimen de aportes, que en gran mayoría se realizan hoy en efectivo.

Puntualmente, se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo: los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencias bancarias, cheques, tarjetas de crédito o débito, para poder identificar quién es el donante y poner un manto de transparencia sobre el origen de esos fondos.

Por otra parte, el proyecto admite aportes de empresas -hoy prohibidos-, aunque con un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido, de modo tal de evitar que una persona jurídica pueda "comprar" una campaña.

Otra de las reformas introducidas es la creación de un registro de empresas que provean publicidad en la vía pública, controlado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). "De esta manera, se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas o la justificación de gastos no realizados", argumenta el borrador.

También se propone que la CNE, la UIF (Unidad de Información Financiera), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), la AFIP, la ANSES, la IGJ (Inspección General de Justicia) y la OA (Oficina Anticorrupción) estén obligados a colaborar con la Justicia Electoral, sobre todo para combatir los casos de lavado de dinero.

Las agrupaciones políticas que se presenten a elecciones deberán designar dos "responsables económico-financieros", que serán los encargados de la rendición de aportes y gastos. Uno de ellos deberá ser contador público matriculado y el otro, autoridad partidaria.

Otro punto relevante es que se amplía de 15 a 30 días el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto.

El proyecto a tratar por el Congreso además tipifica el delito de clientelismo y establece sanciones específicas "para quienes utilicen recursos con los que cuentan en su calidad de funcionarios públicos para promover o perjudicar a un candidato, o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña, o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político".

Los partidos que violen el régimen de financiamiento y que no cumplan con las consecuentes sanciones no podrán acceder a los aportes extraordinarios previstos en la ley para cubrir gastos no electorales.

En otro orden, se crean 17 nuevos cargos en el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, "con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento".

Por último, cuando las provincias adhieran al régimen de simultaneidad de elecciones, se les dará también la posibilidad de adherir al nuevo régimen de financiamiento y regulación de las campañas.