El diputado del FpV Máximo Kirchner presentó una iniciativa que prohíbe los aportes de empresas, al tiempo que endurece las sanciones por incumplimientos a la norma.

Otro aspecto destacado que introduce la iniciativa de Kirchner es que regula el financiamiento de la publicidad en Internet, un vacío legal en la normativa vigente. A su vez, se propone que en los días de votación, el transporte público urbano e interurbano funcione de manera gratuita.

En línea con los expresado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el proyecto del hijo de la ex presidenta apunta a bancarizar los aportes de campaña, tanto los recibidos por parte del Estado como de particulares.

Las alianzas electorales deberán abrir en el Banco Nación o algún otro banco oficial una cuenta corriente por la que "ingresarán todos los aportes del Estado y de las personas físicas, y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña".

En cuanto a la distribución de los recursos del Fondo Partido Permanente, se plantea que el 30 por ciento sea repartido "en forma equitativa" entre todos los partidos reconocidos, mientras que el restante 70 por ciento sea repartido "en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales".

En la letra del proyecto, la prohibición que tienen las empresas para hacer aportes de campaña también alcanza a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Tampoco se permiten las donaciones anónimas ni de extranjeros que no residan en el país.

Asimismo, el proyecto del hijo de Cristina Fernández de Kirchner contempla la creación de una Comisión Bicameral Electoral en el Congreso, para que el monitoreo sobre la transparencia del financiamiento y el cumplimiento de la ley electoral no sólo recaiga sobre la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Massismo

En tanto, la fuerza de Sergio Massa presentó a su vez su propio proyecto para financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales. La iniciativa establece la bancarización de los aportes para impedir maniobras de lavado de dinero o contribuciones que provengan de actividades ilegales y bancarización de los gastos para que todos los pagos se hagan en blanco y con comprobantes.

Además, busca que se establezca la obligatoriedad de presentar informes relativos al origen y uso de los fondos de las campañas electorales y que se fije límites para el financiamiento privado así como también la prohibición de aportes de anónimos, incorporación de aportes de personas jurídicas con límite.

Según el proyecto los partidos políticos deberán publicar el listado de sus bienes, la identificación de sus cuentas bancarias y sus movimientos de cuentas y caja.

También se crea el Consejo de Control de la Actividad Financiera de Partidos Políticos y Campañas Electorales, el que tendrá autonomía funcional y autarquía financiera integrado por un representante del Tribunal de Cuentas, uno de Fiscalía de estado y tres profesionales con incumbencia en la materia designados por concurso por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la mayoría calificada de ambas cámaras de la Legislatura.