El nombramiento de María Fernanda Inza como contadora general de la Provincia, que María Eugenia Vidal apuró la semana que pasó a favor de la mayoría que posee en el Senado y el oportuno apoyo de un representante del massismo,  terminó de consolidar una situación con pocos antecedentes: todos los organismos de control de gestión previstos en la Constitución están controlados por el oficialismo

Inza llegó al cargo tras la renuncia de Gastón Messineo, luego de desempeñarse en la Secretaría Legal y Técnica, pero fue duramente cuestionada porque el miércoles, cuando la cámara Alta trató su pliego, ya había estallado el escándalo de los aportantes "truchos" a la campaña electoral de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich el año pasado, en la que ella se desempeñó como tesorera de PRO, el partido macrista "puro" dentro de Cambiemos.

La Contaduría es un organismo que tradicionalmente queda en manos de un funcionario ligado  al gobierno, porque su función es "la fiscalización del gasto público", lo que en la práctica implica "firmar las facturas" del Gobierno, según explican  en el Ejecutivo. Si la Contadora fuese opositora, esa tarea se complicaría mucho. Sin embargo, tal como informó hoy el diario Extra, las denuncias agregaron ruido a su designación, además del hecho de que refuerza el monocolor político en los organismos.

Es que Inza es, además de amiga personal de Vidal,  una PRO "pura": se desempeñó en cuatro cargos en el gobierno porteño cuando el actual presidente Mauricio Macri era su Jefe y también tuvo un paso por el Ejecutivo nacional. Después desembarcó en la secretaría que "cuida" la firma de Vidal, en reemplazo de Julio Conte Grand, que había asumido como reemplazante de María del Carmen Falbo en la Procuración de la Corte.

Otro de los organismos originalmente contemplados en la carta magna bonaerense para controlar la gestión, no solo del gobierno central sino también de los organismos descentralizados y también los municipios es el Tribunal de Cuentas. Allí está al frente Eduardo Benjamín Grimberg, que fue nombrado en 1987, cuando gobernaba la Provincia el peronista renovador Antonio Cafiero.

De reconocida militancia radical, el pliego de Grimberg superó la prueba del senado en la época en que comenzaba a establecerse el criterio de que los organismos de control deben estar en manos de opositores, algo que Eduardo Duhalde, el siguiente gobernador peronista respetó, así como Felipe Solá y Daniel Scioli. Sin embargo, en  2015 eso cambió: Grimberg pertenece a un partido que desde ese año integra la coalición gobernante.

El organismo bajo su control, además, atraviesa una situación especial: desde 2016, el fallecimiento de una de sus vocales, la renuncia de otro y la jubilación de un tercero impiden que se firmen fallos. Los auditores siguen trabajando, pero no existe el quórum necesario para oficializar sus decisiones y, mucho menos, para imponer sanciones. La vocalía específicamente encargada de auditar las cuentas del Ejecutivo  es la que lleva más tiempo vacante.

Los tres cargos de vocales, que requieren acuerdo parlamentario, son apetecidos en el mundillo político provincial: no solo permiten acceso a información calificada, sino que son vitalicios, salvo que el titular sea removido por juicio político. Por eso, los reemplazos quedaron presa de negociaciones políticas que el Gobierno, que en algún momento evaluó designar solo un representante propio, demora.

Según trascendidos, dos de las tres vocalías podrían quedar para la oposición, pero aún no hay certezas: es probable que eso comience a resolverse en paralelo a las conversaciones por el presupuesto del año próximo, en septiembre. En ese plano, en  los últimos días circularon versiones sobre la posibilidad de  que el Ejecutivo proponga solo un reemplazo, para lo que impulsaría una figura "propia".

Otros dos organismos clave también están ocupados por figuras del mismo color político que el de Vidal. Una es la Fiscalía de Estado, a cargo del radical Gómez, designado durante la gestión de Daniel Scioli. Gómez, que enfrentó durante el final del mandato de Scioli intentos de correrlo del cargo, tiene la responsabilidad de controlar la legalidad de los actos del Gobierno central.

El destino de la Asesoría General es más curioso: el actual gobierno directamente la eliminó como organismo autárquico  el año pasado y echó a su titular, Marcelo López Mesa, de extracción radical. Ya incorporada a la estructura de la Secretaría Legal y Técnica, ahora es comandada por Patricio Blanco Ilari. Además de quedar rebajada en jerarquía, la Asesoría depende de un organismo que no tiene comando: el reemplazo de Inza aún no fue ordenado. (DIB)