A través del decreto 632/2018 el Gobierno decidió un congelamiento en las contrataciones en la administración pública, una reducción del uso de vehículos oficiales y viajes, y un recorte presupuestario de las universidades. Con estas medidas, se proponen ahorrar en Casa Rosada más de $ 20.000 millones.

La norma congela las contrataciones en el sector público hasta el 31 de diciembre de 2019, al mismo tiempo que prohíbe la implementación de bonificaciones y premios, y recorte de gastos en movilidad y viáticos.

Respecto al congelamiento de designaciones, abarca a toda la estructura del Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También quedan al margen de esta decisión los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

Además, el decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019.

La norma prohíbe además las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta el 31 de diciembre de 2019.

Respecto a las sumas abonadas en concepto de servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan, dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a Modernización en el que se contemple "la evolución de los citados conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso".

Sobre los viajes al exterior, el decreto establece que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete. En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, "a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".

Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso.

La medida lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Modernización Andrés Ibarra, y de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.