Un inc贸modo murmullo inquieta desde el martes pasado al ala dura del
Gobierno. Es el rumor instalado en los pasillos de Comodoro Py, sede de
la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal, que esta semana se expedir谩 sobre
el pedido de excarcelaci贸n del l铆der mapuche Facundo Jones Huala.
Las
especulaciones sobre la decisi贸n judicial acercan malas noticias para
la cartera de Seguridad: en los pasillos de Retiro pronostican que, por
voto de mayor铆a, la Sala II del tribunal, integrada para resolver este
caso por los jueces Alejandro Slokar, Ana Mar铆a Figueroa y Eduardo
Riggi, se impondr谩 la prisi贸n domiciliaria al lonko mapuche.
Existe
un elemento objetivo que sustenta esa especulaci贸n: en su dictamen, el
fiscal general Javier de Luca solicit贸 la morigeraci贸n de las
condiciones de detenci贸n de Jones Huala, habida cuenta que desde hace un
a帽o cumple prisi贸n preventiva en el Penal de Esquel. Esa situaci贸n para
De Luca se ha prolongado demasiado en el tiempo, argument贸.
Se
trata del mismo fiscal federal que siete meses atr谩s pidi贸 que mientras
se tramitaba el proceso de extradici贸n a Chile se le denegara a Huala la
excarcelaci贸n. De Luca dijo entonces que exist铆an "indicios de peligro
de fuga" en el caso de que se le concediera la libertad" al lonko, como
viene solicitando su defensa. Fue tambi茅n ese representante del
Ministerio P煤blico Fiscal quien abog贸 para que en aquel entonces cesara
la indefinici贸n judicial y se acelerara el juicio de extradici贸n.
Finalmente, en marzo pasado el juez federal de Bariloche, Gustavo
Villanueva, hizo lugar al pedido del pa铆s vecino. La justicia chilena le
imputa los delitos de incendio en lugar habitado, tenencia de armas
caseras y violaci贸n de la ley de extranjer铆a. Se trata de hechos por los
cuales el resto de los imputados ya fueron sobrese铆dos.
La
posible prisi贸n domiciliara de Jones Huala, con o sin tobillera
electr贸nica, puso en alerta a la ministra Patricia Bullrich en momentos
de relativa calma del indigenismo radicalizado. No s贸lo la inquieta una
posible reorganizaci贸n del RAM o de sus derivados, como el Movimiento
Aut贸nomo del Puel Mapu, que tambi茅n reivindica la territorialidad
mapuche y su lucha por todos los medios, sino adem谩s el tiempo que se
tome la Corte Suprema de Justicia para decidir su extradici贸n.
En
los hechos, ese cuadro de situaci贸n supondr铆a que el l铆der mapuche
vuelva a instalarse en el Lof de Cushamen, el predio de la estancia
Leleque usurpado tres a帽os atr谩s al Grupo Benetton, donde muri贸 ahogado
Santiago Maldonado y donde el lonko fij贸 residencia.
Sobre ese
enclave y sus integrantes, muchos de ellos todav铆a sin identificar,
pesan sospechas tanto del Gobierno como de la Justicia Federal que
abonan la hip贸tesis que desde all铆 se urdieron o al menos se alentaron
varios de los 90 atentados y sabotajes que se atribuy贸 Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM) en el sur. Esas causas est谩n pr谩cticamente
paralizadas ante la falta de pruebas que logren identificar a posibles
imputados por incendios a puestos y casillas forestales, disparos
intimidatorios contra empleados de la Compa帽铆a Tierras del Sud,
interrupci贸n del tren La Trochita, incendio a la Estaci贸n Bruno Tomae en
El Mait茅n y reiterados hurtos de ganado, entre otros hechos
investigados.
Jornada at铆pica
El martes fue una
jornada inusual en la sala de audiencias de la C谩mara de Casaci贸n. Un
nutrido p煤blico ind铆gena sigui贸 el encendido alegato de Sonia Ivanoff,
la abogada del lonko, que exigi贸 se le conceda la excarcelaci贸n. "Preso
pol铆tico con un C贸digo Penal aparte s贸lo para 茅l", aleg贸.
"Confinamiento ileg铆timo" y "criminalizaci贸n del derecho ind铆gena en la
Patagonia", a帽adi贸.
Los camaristas Alejandro Slokar y Ana Mar铆a
Figueroa, vinculados a la doctrina m谩s progresista, la escucharon con
atenci贸n. El gesto adusto de Eduardo Riggi, autor de un fallo hasta
ahora in茅dito que podr铆a agravar la situaci贸n procesal del hermano del
lonko, Fausto Jones Huala, por su participaci贸n en el presunto
enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, revel贸 lo que
el ala m谩s conservadora de la Justicia piensa sobre los reclamos
radicalizados y violentos en el sur.
Riggi lo puso por escrito.
Lo hizo al pronunciarse sobre el pedido de excarcelaci贸n del menor de
los Huala: "Nos encontramos frente a un individuo鈥攕entenci贸鈥攓ue forma
parte de una organizaci贸n que ha demostrado una escasa predisposici贸n a
ajustar su proceder a las reglas sociales de conducta y convivencia,
extremo que a su vez sustenta la sospecha que no habr谩 de acatar las
obligaciones procesales que se le impongan, m谩s a煤n cuando miembros del
movimiento mapuche que integra han efectuado manifestaciones p煤blicas
instando a realizar acciones que se dirigen a desconocer el estado de
derecho y las instituciones legalmente constituidas. En definitiva, la
Constituci贸n Nacional y el orden democr谩tico".
Y coron贸 su fallo
con una advertencia al tribunal inferior que sustancia esa causa:
puntualiz贸 que al profundizarse la investigaci贸n sobre los sucesos en
Villa Mascardi, se evaluara si el accionar de los mapuches no encuadra
en un "atentado al orden constitucional".
En ese marco, est谩
cantado cu谩l ser谩 la postura de Riggi frente al pedido de excarcelaci贸n
del l铆der ind铆gena. No obstante, durante la audiencia del martes, fue la
camarista Figueroa, sometida a un pedido de juicio pol铆tico en el
Consejo de la Magistratura, quien introdujo expl铆citamente en el debate
la posibilidad de que el lonko pueda gozar de prisi贸n domiciliaria.
Seg煤n fuentes judiciales, ser谩 Slokar, de conocida postura garantista, quien inclinar铆a la decisi贸n para un lado o para otro.
Situaci贸n judicial compleja
En
tanto, la situaci贸n judicial del lonko se agrav贸 por dos nuevos
procesamientos en la justicia federal que le imputa actos de incitaci贸n a
la violencia e intimidaci贸n p煤blica, resoluciones que han sido
apeladas. Mientras tanto, en una tercera causa, el lonko enfrenta un
juicio oral en la justicia provincial de Chubut por la usurpaci贸n del
predio de Benetton.
El grupo italiano, el mayor terrateniente
extranjero en el sur del pa铆s, viene batallando en los tribunales para
lograr una condena penal de Jones Huala y de los miembros de su
comunidad. Les atribuyen un c煤mulo de delitos que todav铆a no han logrado
probar.
No obstante, en la Compa帽铆a Tierras del Sud Argentino,
representada por el exjuez Oscar Salvi, esta semana respiraron
aliviados. Lograron que la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia revocara
un fallo del magistrado Gustavo Lleral y ordenara que los atentados de
la RAM se investiguen "por conexidad". Es decir, que los sabotajes
denunciados por el grupo Benetton se acumulen y sean investigados junto a
los cortes de la ruta 40, frente a la lof de Cushamen. All铆 mismo donde
muri贸 ahogado Santiago Maldonado y donde el 13 de marzo de 2015 Facundo
Jones Huala y su comunidad plantaron por la fuerza la bandera mapuche
de "territorio recuperado". (Infobae)
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