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| 27-05-2018 | Estatización de La Rural | |||
| El Gobierno reclamar谩 que el predio de la Sociedad Rural vuelva al Estado | |||
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El gobierno de Mauricio Macri reclamar谩 ante la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural vuelva al Estado. Esta petici贸n es el principal reclamo del juicio oral y p煤blico que comenzar谩 el 6 de junio pr贸ximo contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorizaci贸n parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado "vil" de 30 millones de d贸lares en 1991, una cuarta parte de su valor real. Ese dinero deb铆a pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abon贸 6,5 cuotas, seg煤n los c谩lculos del Gobierno.
La fiscal铆a, a cargo de Gabriela Baig煤n, ir谩 no solo contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Sociedad Rural que realizaron la operaci贸n sino tambi茅n reclamar谩 que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
El mismo reclamo realizar谩 la Agencia de Administraci贸n de Bienes del Estado (AABE), que es querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Pe帽a , seg煤n confirmaron fuentes del Gobierno a este diario.
Macri nombr贸 como su segundo ministro de Agroindustria a Luis Etchevehere , quien fue presidente de la Sociedad Rural hasta su designaci贸n en el Gabinete. Etchevehere al dejar de su cargo en la Sociedad Rural cobr贸 $500.000 como parte de un bono de retiro, pero la Oficina Anticorrupci贸n dictamin贸 que se trataba de un pago indebido y el funcionario lo devolvi贸.
El juicio con este reclamo de recupero de los bienes malvendidos para el Estado se da en medio de una particular coyuntura que enfrenta el Gobierno con el campo a partir de la medida que analiza para frenar una anunciada baja de retenciones a la soja, como parte de su pol铆tica de reducci贸n del d茅ficit.
Durante el kirchnerismo, Cristina Kirchner firm贸 un decreto que anulaba la venta de Menem del predio de la Sociedad Rural. La entidad reclam贸 a la Justicia por esa norma. El primer procurador del Tesoro de la gesti贸n de Macri, Carlos Balb铆n, dictamin贸 en favor de que el predio retorne a las manos del Estado. La misma pol铆tica que tiene hoy el AABE al reclamar en el juicio el recupero del predio, para venderlo.
Actualmente, ese caso judicial est谩 paralizado a la espera de la sentencia del juicio oral que comenzar谩 en diez d铆as. El juicio estar谩 a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N掳 2 integrado por Rodrigo Gim茅nez Uriburu, Jorge Gorini y Jos茅 Michilini, este 煤ltimo en reemplazo de Jorge Tasara, que se excus贸 porque fue funcionario durante el menemismo.
La fiscal Baig煤n estar谩 acompa帽ada por su colega Dafne Palopoli de la Procuradur铆a de Investigaciones Administrativas (PIA).
Los acusados son Menem, Cavallo, dos exfuncionarios del Ministerio de Econom铆a, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.
La elevaci贸n a juicio tambi茅n alcanza al exdirector de la Comisi贸n de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administraci贸n General de Inmuebles Fiscales Gast贸n Ram贸n Figueroa Alcorta y al titular de la Comisi贸n de Venta de Inmuebles Estatales Mat铆as Lucas Ordo帽ez, del Banco de la Naci贸n Argentina. Tambi茅n a exfuncionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires involucrados con la Tasaci贸n.
La n贸mina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agust铆n de Zaval铆a, y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.
Todos ellos est谩n acusados de peculado por sustraer un predio de dominio p煤blico para su venta ileg铆tima a un privado. Se trata de un delito grav铆simo que se pena con hasta 10 a帽os de prisi贸n.
Los acusados pueden argumentar que el caso est谩 prescripto porque la venta se hizo en 1991, hace 27 a帽os, y reci茅n ahora se hace el juicio oral contra los acusados. Pero la C谩mara de Casaci贸n, el a帽o pasado, desestim贸 este argumento y apur贸 el juicio oral. Justamente el argumento es que como Menem sigue siendo funcionario, los delitos no prescriben y en eso arrastra al resto de los acusados.
La acusaci贸n se basa en que el Parque Tres de Febrero originalmente era el predio que ocupaba la villa de Juan Manuel de Rosas, rodeada de arboledas, lagunas artificiales y un zool贸gico de animales ex贸ticos. Tras la expulsi贸n de Rosas del poder luego de la batalla de Caseros, sus propiedades fueron expropiadas y pasaron al Estado.
Desde ese momento, y luego de que parte del predio fue cedido a la Rural, cada vez que se renovaba su uso, se hac铆a mediante la aprobaci贸n de una ley del Congreso. Todo esto, hasta el 14 de noviembre de 1991, cuando la Rural se present贸 ante el Gobierno y le hizo una propuesta para comprar el predio de manera definitiva. Un mes despu茅s, el 20 de diciembre de 1991, Menem firm贸 un decreto y vendi贸 parte del Parque Tres de Febrero, cuando en realidad no pod铆a hacerlo, sino mediante una ley del Congreso.
El boleto de compra-venta fue firmado en la propia Casa Rosada por Cavallo y los compradores de la Rural el mismo el mismo d铆a de la firma del decreto. Era un viernes antes del feriado de Navidad y all铆 se pagaron 3 millones de d贸lares.
Se acord贸 que el 15 de marzo se iban a pagar 7 millones de d贸lares m谩s y el resto, unos 20 millones los pag贸 al Sociedad Rural en cuotas anuales de 2 millones de d贸lares. La primera se hizo efectiva dos a帽os despu茅s. Ahora, en el juicio que se har谩 una vez por semana en Comodoro Py 2002, ser谩n citados unos 42 testigos en un proceso que seguramente llegar谩 hasta fin de a帽o.
Menem llega a este juicio con dos condenas en su haber; una a siete a帽os de prisi贸n por el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y otra por el pago de sobresueldos a sus ministros. No est谩 preso porque los fallos no est谩n firmes y adem谩s lo protegen sus fueros de senador nacional.
Los acusadores cuestionan no solo el modo en que se entreg贸 el predio de la Rural, sino tambi茅n el monto del dinero que se pag贸. No intervinieron los organismos de tasaci贸n oficiales que debieron haber dictaminado y en cambio hubo tasaciones del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario que fueron cuestionadas y sus autores investigados ahora.
Sobre la base de esas tasaciones es que se pagaron 30 millones de d贸lares, al menos la cuarta parte de lo que se calcula debi贸 ser su precio real en 1991.
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