Según dijo el titular de Hacienda durante los gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, el "error" económico de Macri fue quitar el cepo el cambiario antes de aplicar los incrementos de tarifas. "Haber anunciado metas de inflación demasiado optimistas fue un error, pero no el más grave. Fue mucho más grave haber decidido la eliminación de los controles de cambio y hacer funcionar el mercado único y libre en diciembre de 2015, sin haber eliminado de antemano el atraso tarifario", sostuvo el padre de la convertibilidad y el corralito.

Para Cavallo, el equipo económico de Cambiemos debería haber sostenido el cepo cambiario impuesto por Cristina de Kirchner. "Deberían haberlo mantenido hasta junio de 2016, devaluando el Peso en el mercado oficial al ritmo al que las autoridades anteriores habían vendido dólares futuros, de tal forma que no tuvieran que pagar ninguna diferencia de cambio a quienes habían comprado esos dólares", indicó.

Y agregó: "Si durante el primer semestre de 2016 iban a normalizar la relación financiera con el exterior y conseguido una fuerte entrada de capitales financieros (como realmente ocurrió al haber solucionado rápidamente el problema con los holdouts), para el mes de junio el tipo de cambio contado con liquidación se habría desplomado y se podría haber decretado entonces la completa liberación cambiaria sin un gran salto devaluatorio".

El análisis de Cavallo refiere a los precios del gas y la luz, pero según dijo, podría aplicarse el mismo "razonamiento" para el resto de las tarifas de servicios públicos que estaban "muy atrasadas" al momento del cambio de gobierno en 2015.

El escrito firmado por el ex funcionario

Haber anunciado metas de inflación demasiado optimistas fue un error, pero no el más grave. Fue mucho más grave haber decidido la eliminación de los controles de cambio y hacer funcionar el mercado único y libre en diciembre de 2015, sin haber eliminado de antemano el atraso tarifario.

Paso a explicar este error, porque tienen que tenerlo en cuenta para las decisiones futuras. De otra manera van a volver a equivocarse. Para simplificar, me referiré sólo a los precios del gas y la electricidad, aunque el razonamiento es el mismo para el resto de las tarifas de servicios públicos que estaban muy atrasadas al momento del cambio de gobierno.

Deberían haber mantenido hasta junio de 2016 el cepo cambiario, devaluando el Peso en el mercado oficial al ritmo al que las autoridades anteriores habían vendido dólares futuros, de tal forma que no tuvieran que pagar ninguna diferencia de cambio a quienes habían comprado esos dólares. Desde el punto de vista del aliento a las exportaciones, era suficiente con la eliminación de las retenciones. Esta era una medida acertada, que debía adoptarse de inmediato, tal como se lo hizo.

Si durante el primer semestre de 2016 iban a normalizar la relación financiera con el exterior y conseguido una fuerte entrada de capitales financieros (como realmente ocurrió al haber solucionado rápidamente el problema con los holdouts), para el mes de junio el tipo de cambio contado con liquidación se habría desplomado y se podría haber decretado entonces la completa liberación cambiaria sin un gran salto devaluatorio.

Sin una fuerte devaluación inicial del Peso en el mercado oficial, la tasa mensual de inflación no habría saltado del 2% al 4% mensual promedio como lo hizo en los primeros seis meses de 2016.

La que no debía postergarse era la actualización de los precios de la energía. Se debería haber determinado el ajuste del precio del gas, de la electricidad y del petróleo, recreando de inmediato los mercados mayoristas con competencia interna y externa, tal como estuvieron legislados hasta el año 2001. Esas leyes siguen en vigencia pero su aplicación fue suspendida con la pesificación compulsiva de los contratos a partir de enero de 2002.

La Corte Suprema de Justicia, ha sostenido claramente que cuando los precios se determinan en mercados con competencia, no se necesitan audiencias públicas previas. El reajuste de las tarifas para transporte y la distribución, tendrían que haberse programado para implementar luego de audiencias públicas, pero este era un reajuste de mucha menor incidencia en comparación con el de los precios mayoristas.

Para atenuar el impacto del aumento de tarifas sobre las familias pobres y los pequeños comerciantes e industriales, era cuestión de aplicar una tarifa social baja a los que realmente lo merecieran. En esos primeros meses de 2016, si bien los precios de la electricidad y del gas habrían aumentado, el de los combustibles habría bajado. En lugar de hacer funcionar libremente el mercado del crudo y conseguir una baja en el precio de los combustibles líquidos para el consumidor final, el gobierno permitió a los petroleros seguir cobrando el precio más alto. Haber dejado bajar el precio del gasoil y la nafta, habría al menos compensado en parte el aumento del precio de la electricidad y el gas.

Si bien este reajuste de los precios de la energía habría tenido un impacto inmediato en los índices de inflación, seguramente ese impacto habría sido mucho menor el que tuvo la devaluación inicial del Peso. Pero la gran ventaja es que se habrían eliminado de cuajo subsidios económicos por alrededor de 3% del PBI. Los subsidios que se venían pagando representaban el 4% del PBI, pero seguramente la tarifa social habría requerido mantener subsidios por un 1% del PBI.

Es importante advertir que la fuerte devaluación inicial por eliminación del cepo cambiario sin que se ajustaran antes las tarifas, determinó un aumento de los subsidios económicos que quedaron para reducir en el futuro. Ese aumento fue del orden del 1% del PBI, por la simple razón de que los costos del gas para ENARSA o CAMMESA (quienes actúan de intermediarios con las empresas distribuidoras de gas y las generadoras eléctricas), subieron en la misma proporción que el precio del Dólar, mientras que los precios cobrados por su venta a esos grandes clientes mayoristas, se mantuvieron fijos en pesos. Luego de la fuerte devaluación inicial del Peso, los aumentos de los precios de la electricidad y el gas al consumidor a implementar en el futuro, se hicieran de golpe o en forma gradual, iban a tener que ser mucho más elevados que los que se habrían requerido si se hacían antes del levantamiento del cepo cambiario.

Habría sido letal si además de la devaluación exagerada inicial se hubiera decido hacer el tarifazo completo en forma simultánea. El efecto resultante habría sido parecido al del Rodrigazo de 1975. Por eso alguno de los dos ajustes se tenía que postergar.

Haber elegido la unificación temprana del mercado cambiario tuvo dos efectos agravantes del desequilibrio fiscal.

Uno fue el pago por las diferencias de cambio a los compradores de dólares futuros. Estas diferencias se pagaron con una emisión monetaria del orden de los 60 mil millones de pesos que se reabsorbieron mediante la emisión de LEBACs, pagando una tasa de interés del 38% nominal anual, bastante más alta si se la calcula como tasa efectiva anual.

El otro afecto agravante de la situación fiscal fue el aumento de los subsidios económicos del 4 al 5% del PBI, por el efecto de la fuerte devaluación inicial que expliqué antes.

Con una secuencia diferente entre tarifazo y eliminación del cepo cambiario, la inflación no sólo hubiera aumentado menos a lo largo de los 6 primeros meses de 2016, sino que hacia junio de ese año se podría haber lanzado el plan de estabilización basado en metas de inflación con un déficit fiscal mucho más bajo. Probablemente con una reducción del déficit primario a la mitad del que había dejado como herencia el Kirchnerismo.

Con un panorama fiscal más despejado, la política monetaria del Banco Central, operando desde ese momento con un mercado cambiario sin cepo, habría dado mejores resultados en términos de desinflación. Mucho mejores que los se consiguieron durante 2016, 2017 y en lo que va del 2018. Era perfectamente posible avizorar tasas mensuales de inflación no superiores al 1,5% mensual hacia el final de 2016, más cercanas al 1% mensual hacia el final de 2017 y aún menores en 2018.

No se hubiera requerido ingresar divisas a través de la atracción de capitales financieros de muy corto plazo, siempre propensos a irse antes el menor atisbo de reducción de la diferencial entre la tasa de las LEBACs y la expectativa de devaluación. Tampoco se hubiera producido atraso cambiario por exagerado ingreso de capitales de muy corto plazo.

No sólo habría disminuido la necesidad de emitir nueva deuda, sino que el costo de esa deuda, colocada en los mercados de capitales exclusivamente por el Ministerio de Finanzas y no por el Banco Central, habría resultado mucho menor que el que se produjo en la práctica. Sobre todo, si se hacían bien las cuentas y se computaban los intereses pagados por el Banco Central para colocar LEBACs como costos que quedaron escondidos en el balance de la autoridad monetaria. Seguramente el Ministerio de Finanzas no habría concentrado tanto endeudamiento en plazos tan cortos como los que resultaron de la emisión primaria de LEBACs vendidas por el Banco Central en el mercado de capitales.

Me parece importante hacer esta crítica sobre errores pasados a pesar de que sus efectos ya son irreversibles, porque el mismo problema se acaba de producir y se corre el riesgo que se agrave en los próximos meses. Lo explico. Pese al gran tarifazo que le precedió en abril, la devaluación del Peso de 20 a 24 pesos, acaba de producir un aumento en el déficit por los subsidios que tendrán que pagarse a las empresas del sector energético. La razón es la misma que expliqué antes para el caso en que la devaluación se anticipa al ajuste tarifario. Cuando sube el precio del Dólar, quedan más atrasadas que antes las tarifas de la electricidad y del gas en comparación con su verdadero costo económico. El Ministerio de Hacienda lo puede comprobar haciendo bien las cuentas con los datos de los últimos 40 días y comparando el resultado con lo previsto en el presupuesto de 2018 para lo que resta de este año. Para colmo de males, si el precio del Dólar siguiera subiendo sin nuevos reajustes de los precios de la electricidad y el gas, sólo se conseguirá devengar una mayor obligación por subsidios a atender desde el presupuesto, volviendo a agravar el déficit fiscal a financiar con deuda.

Hay que tener en cuenta también que a mayor devaluación del Peso, mayor costo de intereses por la deuda externa. Esto es así porque una alta proporción de los intereses se pagan en dólares. Esta es otra causa de déficit fiscal, no ya primario, pero de todas maneras uno que requerirá endeudamiento adicional.

De la actual situación de bloqueo de la política de estabilización no se sale si la política monetaria no pasa a utilizar dos instrumentos y no sólo uno: la tasa de interés, pero también la compra y venta de dólares del Banco Central en el mercado cambiario. Intervención destinada a evitar tanto la devaluación excesiva, como la apreciación exagerada del Peso.

La apelación del Presidente a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales a ayudar a bajar el gasto público y eliminar el déficit fiscal, es correcta e imprescindible. Si no se lo hace en forma transparente y sincera, un golpe de mercado terminará produciendo un ajuste socialmente mucho más costoso.

Desde ya, considero muy apropiada y merecedora de apoyo el reclamo presidencial por una batalla conjunta contra el desequilibrio fiscal. Sería muy malo para la Nación que la oposición no respondiera afirmativamente a esta demanda, que no debería ser del FMI sino la de la gente que más sufre la inflación. Pero, si no se manejan en armonía la política monetaria y la política de precios de la energía, conseguir la eliminación del déficit puede transformarse en una quimera.

Como me preocupa que ni en el discurso del Presidente Macri ni en la exposición del Presidente del Banco Central de ayer hay indicios de que estén teniendo en cuenta este grave inconveniente, me apresuro a hacer este comentario que espero sea tomado como una crítica constructiva y no como el señalamiento de un error pasado. No lo mencionaría si no constituyera un peligro para el futuro.